Conocidos políticos y dirigentes empresariales serían propietarios de algunas de las empresas que defraudan a la Caja.

-Exportan y hacen contratos con el Estado, pese a una prohibición constitucional.

-La ley está repleta de «portillos» que permiten defraudar al sistema de seguridad social.

-Los trabajadores pagan los «platos rotos» con incrementos en las cuotas de pensiones y en la edad mínima para jubilarse.

Hace algunas semanas, la junta directiva de la Caja del Seguro Social aprobó una reforma al sistema de pensiones: un incremento en el porcentaje de cotización; un aumento en el número de años necesario para pensionarse, así como de la edad mínima de jubilación para hombres y mujeres. Todo esto porque, según alegan las autoridades, el sistema ya no tiene «sustentabilidad» financiera.

Sin embargo, las deudas de los patronos morosos ascienden a la astronómica suma de 68.067 millones de colones, según datos oficiales, y la cifra llegaría a 85.000 millones según otras fuentes bien informadas.

Cada mes, la cifra sube otro tanto y los técnicos de la CCSS alegan estar atados de manos por una legislación plagada de «portillos», que impide una acción rápida y enérgica contra los evasores.

El «zapping» empresarial

Cientos de grandes y pequeñas empresas rebajan a sus empleados, cada mes, la parte correspondiente al seguro social, pero retienen ese dinero e incumplen también con el pago de la parte patronal.

Cuando las deudas alcanzan decenas, y en ocasiones cientos de millones de colones, muchas de esas empresas cambian su razón social y siguen operando con otra apariencia.

La acción judicial llega tardíamente, pues la vieja empresa es un cascarón que no tiene propiedades embargables, ni responsables legales y así los propietarios logran burlar sus obligaciones.

El director del departamento de Cobros de la Caja, Luis Diego Calderón, explicó a Informa-tico.com que la ley prevé la posibilidad de entablar demandas de responsabilidad solidaria, cuando el hecho se demuestra, para hacer que pague la nueva razón social.

Sin embargo, el procedimiento es tan lento que el evasor tiene todo el tiempo del mundo para repetir el truco, es decir, trasladar todo a una nueva sociedad y seguir escapando a la acción de la justicia.

Así, muchos empresarios se dedican a practicar una especie de «zapping» para apropiarse de las cuotas de sus empleados y defraudar a la Caja del Seguro Social de manera totalmente impune.

Entre los casos más asombrosos, está el de un empresario ganadero que ha inscrito siete sociedades anónimas para sus actividades y ha cerrado seis. Estas sociedades cerradas tienen deudas combinadas de 147 millones de colones con la CCSS, que el departamento de Cobros considera prácticamente irrecuperables.

Otros fraudes

La anterior es una de varias artimañas a las que empresarios inescrupulosos recurren para escamotearle los recursos a la seguridad social.

Otro fraude frecuente, especialmente en actividades agrícolas, es la contratación de indocumentados nicaragüenses, quienes por su situación migratoria se ven obligados a aceptar casi cualquier condición con tal de conseguir empleo.

En estos casos no se reportan las contrataciones a la CCSS y, cuando la institución realiza inspecciones, muchos patronos prefieren denunciar a sus propios trabajadores ante las autoridades migratorias, con la intención de que los deporten.

También es frecuente la subdeclaración, es decir, el reporte de salarios por montos inferiores a los reales, lo que en última instancia afecta la posibilidad de los trabajadores de recibir una pensión decorosa al terminar su vida laboral.

Roberto Mora, asesor del diputado Ricardo Toledo en la investigación de los patronos morosos de la CCSS, relató el caso de una popular empresa de pizzas que cambia mes a mes su razón social para evadir el pago de la seguridad social.

También se menciona a un conocido político que tiene desarrollos habitacionales en la ciudad de Heredia y que utiliza un método ingenioso, pero igualmente fraudulento.

En este caso, el personaje de marras utiliza testaferros que inscriben empresas para construir las urbanizaciones, pero que desaparecen en cuanto está concluido el proyecto. ¿Y las cuotas de la Caja? Si te vi… ni me acuerdo.

Tolerancia

Como se puede apreciar en el recuadro abajo (Los grandes morosos), muchas de las empresas que adeudan significativas sumas a la Caja son auténticas instituciones económicas, entre cuyos propietarios se encuentran políticos y dirigentes del sector privado.

Quizá por esa razón, las distintas instituciones estatales no les aplican el artículo 47 de la Constitución Política, que establece el requisito de estar al día en las obligaciones con la CCSS para poder realizar negocios con el Estado, tales como obtener créditos bancarios y permisos municipales, realizar trámites de exportación, o celebrar contratos de obras públicas.

Según Mora, es frecuente que los patronos morosos realicen estos y otros negocios con el Estado a pesar de no cumplir con el requisito de estar al día con el pago de cuotas a la seguridad social.

Luis Diego Calderón, el director de Cobros de la CCSS, reconoció que esto es cierto y que se da porque las instituciones no cumplen con su deber, a pesar de las advertencias.

«Hemos insistido en este punto, pero algunas entidades sienten esto como una carga adicional y se resisten a cumplir con su obligación», explicó el funcionario.

«Por ejemplo, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) alega que su función es actuar como un facilitador de trámites y no vigilar que las empresas estén al día con las cuotas de la Caja, que eso es responsabilidad de la Dirección General de Aduanas. Esta última asegura que la obligación no es suya, sino de Procomer», agregó Calderón.

Ante la indiferencia de los organismos estatales «estamos pensando en hacer denuncias a la Contraloría General», anunció.

Odisea

Según el director de Cobros de la Caja, es indispensable aprobar reformas legales que cierren los portillos por los que ahora se desangra financieramente a la institución.

«En esto pedimos el concurso de los diputados, para hacer reformas legales sin las cuales no se puede enfrentar exitosamente el problema», afirmó Calderón.

En resumen, el funcionario describió los cambios que considera necesarios:

1)Autorizar a la CCSS para que haga los cobros no en los juzgados civiles de Hacienda, sino en la vía administrativa, lo que implicaría que la institución pueda proceder en forma directa a efectuar embargos. El sistema ya funciona en otros países exitosamente.

2) Responsabilizar al representante legal de las empresas por las deudas con la seguridad social

3) Modificar el Código de comercio para cerrar portillos a la apertura y cierre de sociedades anónimas con propósito fraudulentos.

Tomado de Informatico.com, mayo 23, 2005.