Arceyut Producciones adeuda ¢59 millones a la CCSS y, posiblemente le otorgarán los permisos para los conciertos de Ana Gabriel, Banda MS y Jessi Uribe.

 

Estimada señora Ministra de Salud, Dra Joselyn Chacón Madrigal.

Reciba un saludo cordial.

El motivo de dicha misiva es, solicitarle de manera atenta y respetuosa, se aplique el ordenamiento jurídico y la normativa vigente en cuanto a la razón social ARCEYUT PRODUCCIONES, S.A. portadora de la cédula jurídica Nº3-101-630947

Dicha empresa, está llevando a cabo próximamente, los conciertos de Ana Gabriel, Banda MS, y Jessi Uribe; de hecho, están buscando opciones para su realización, por el reciente cierre del Parque Viva en Alajuela.

Ahora bien, Arceyut Producciones, S.A se encuentra a la fecha, en estado de morosidad con nuestra Benemérita Institución la Caja Costarricense de Seguro Social, por un monto de ¢58.895.406.00 por concepto de cuotas obrero-patronales.

El señor Ernesto Arceyut Fernández, representante legal de Arceyut Producciones, S.A de manera muy hábil, ha inscrito ante la Caja Costarricense de Seguro Social, otra de sus empresas denominada AIB BOOKING AND PRODUCTIONS, S.A. cédula jurídica Nº 3-101-355772 (que dicho sea de paso, la tiene inscrita y al día) posiblemente, con el fin de sacar los permisos sanitarios y municipales para estos conciertos, con este nombre, -a pesar de que no es la productora de los conciertos- ya que por ley, se ve imposibilitado con Arceyut Producciones por encontrarse en calidad de moroso ante la Seguridad Social.

El artículo 51 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social dice:

Artículo 51.-

Las personas jurídicas, las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y autonomía funcional, aunque estas últimas tengan o no personalidad jurídica, responderán solidariamente por las acciones o las omisiones violatorias de esta ley, cometidas por los representantes en el ejercicio de sus funciones.

(El subrayado no forma parte del original)

Así las cosas, en el artículo 74 de esta misma ley indica:

Artículo 74.-

(…)

Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31 de esta ley.

  1. La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  2. En relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo documento en los registros públicos mercantil, de asociaciones, de asociaciones deportivas y el Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excepto los expedidos por autoridades judiciales.
  3. Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social.
  4. El otorgamiento del beneficio dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
  5. El disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el cual será determinado dentro de un debido proceso seguido al efecto.

La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo; para ello, la Caja deberá suministrar mensualmente la información necesaria. El incumplimiento de esta obligación por parte de la Caja no impedirá ni entorpecerá el trámite respectivo. De igual forma, mediante convenios con cada una de esas instancias administrativas, la Caja Costarricense de Seguro Social podrá establecer bases de datos conjuntas y sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento del pago de las obligaciones con la seguridad social.

(La negrita y el subrayado no forma parte del original)

Además de la obligatoriedad de cumplir con esta ley, en la Gaceta Nº 46 del 7 de marzo del 2011, el Poder Legislativo, llevó a cabo una Reforma del Tercer Párrafo y del inciso 3) del Artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que dice:

3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos.

En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de incumplimiento contractual.  Esta obligación se extenderá también a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia.

 

(La negrita y el subrayado no forma parte del original)

 

Señora Ministra, le adjunto este último párrafo de la Reforma del año 2011, en vista de que muchas de las personas físicas o jurídicas que solicitan permisos ante su representada (Ministerio de Salud); de manera totalmente irregular, sacan los permisos de funcionamiento con una razón social distinta a la que va a operar y, el Ministerio de Salud y las Municipalidades se han prestado para este juego que, claramente se puede tipificar, como un hecho delictivo o acto de corrupción, por supuesto, no es el caso de Arceyut Producciones.

Esperando, interponga sus buenos oficios a la mayor brevedad posible, se despide de Usted;

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico: [email protected]

20 de julio de 2022

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Señor Presidente, Usted nombró en el Consejo de Transporte Público (CTP) al representante de empresas de autobuses que adeudan ¢52 millones a la CCSS.

 

Estimado señor Presidente de la República, Lic Rodrigo Chaves Ramos.

Reciba un cordial saludo.

Señor Presidente, lo insto de manera atenta y respetuosa, para que analice con la cabeza fría, lo que a continuación le detallo:

El 16 de junio del año en curso, Usted optó por designar o nombrar en la cúpula del Consejo de Transporte Público (CTP), al señor Esteban José Ramírez Bioley portador de la cédula de identidad Nº 1-0767-0916 conocido como Orlando Esteban Ramírez Biole.

Don Rodrigo, Usted a pesar del poco tiempo que tiene de gobernar esta hermosa patria, nos ha demostrado su gran capacidad para hacerlo y, sobre todo, demostrando que es inquebrantable, cuando se trata de corregir las cosas que están o han sido irregulares.

Así las cosas, le adjunto una lista de algunas de las empresas que don Esteban Ramírez Bioley tiene y, que comparte unas de estas, en sus juntas directivas, con su señora esposa y su señor padre, sea entonces, se convierten -estas razones sociales- en una responsabilidad solidaria, tal y como lo indica el artículo 51 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Además de ello, le anexo 8 de las empresas con las que da el servicio de transporte remunerado de personas, -modalidad autobuses de servicio público-, que ni si quiera cumplen con el ordenamiento jurídico y normativa vigente, ya que sostienen un adeudo de ¢51.964.645.00 por concepto de cuotas obrero-patronales.   A título personal, adeuda ¢58.592.00 por el mismo concepto.

CED JURIDNOMBRE RAZON SOCIALESTADO ANTEDEUDA
  LA CCSSCCSS
3-101-065720Autotransportes Cesmag, S.A. 18 200 519,00
3-101-006170Autotransportes Zapote, S.A. 12 138 855,00
3-101-097990Buses Metrópoli, S.A. 7 164 232,00
3-101-183608Flash Wash, S.A. 6 430 729,00
3-101-326709Magasoso de las Lomas Sur, S.A. 5 223 957,00
3-002-061193Asociación Cámara Nacional de Transportes de Costa Rica 2 175 594,00
3-101-383773Idear Electrónica de Costa Rica, S.A. 541 559,00
3-101-325607Consorcio Operativo del Este, S.A. 89 200,00
3-101-053507Bloquera Santa Ana, S.A.inactiva 
3-101-397825Energías Biodegradables de Costa Rica, S.A.al dia 
3-101-343795Ganadería Montelimar del Atlántico, S.A.inactiva 
3-101-186801Inmobiliaria Ramírez Bioley, S.A.al dia 
3-102-8045333-102-804533 SRLno inscrita 
3-002-099688Asociación Cámara de Transportes de San Joséinactiva 
3-101-847496Consorcio Integrado del Sector Este CISE, S.A.no inscrita 
3-101-748911Inmobiliaria El Fierro, S.A.no inscrita 
3-101-345648Inmobiliaria Pom Pom, S.A.no inscrita 
3-101-690659Sistema Integrado de Transporte Este, S.A.no inscrita 
3-101-074662Lubricantes Sintéticos de Costa Rica, S.A.no inscrita 
3-101-354368Inmobiliaria del Oeste BEW, S.A.no inscrita 
3-101-063344Transporte Valle del Sol Dorado, S.A.inactiva 
TOTALES  ₡51 964 645,00
    

 

Señor Presidente, el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, es más que claro:

Artículo 74.-

(…)

Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31 de esta ley.

  1. La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  2. En relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo documento en los registros públicos mercantil, de asociaciones, de asociaciones deportivas y el Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excepto los expedidos por autoridades judiciales.
  3. Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social.
  4. El otorgamiento del beneficio dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
  5. El disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el cual será determinado dentro de un debido proceso seguido al efecto.

La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo; para ello, la Caja deberá suministrar mensualmente la información necesaria. El incumplimiento de esta obligación por parte de la Caja no impedirá ni entorpecerá el trámite respectivo. De igual forma, mediante convenios con cada una de esas instancias administrativas, la Caja Costarricense de Seguro Social podrá establecer bases de datos conjuntas y sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento del pago de las obligaciones con la seguridad social.

Artículo 51.-

Las personas jurídicas, las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y autonomía funcional, aunque estas últimas tengan o no personalidad jurídica, responderán solidariamente por las acciones o las omisiones violatorias de esta ley, cometidas por los representantes en el ejercicio de sus funciones.

Le adjunto una secuencia o historial, de denuncias que el suscrito a llevado a cabo sobre el señor Ramírez Bioley

  1. El 20 de marzo del año 2010, llevé a cabo denuncia que indica:

 

“Autotransportes Cesmag no pagaba sus casi 11 millones de colones a la CCSS, pero si contribuyó con la campaña de Liberación Nacional”.

https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2021/08/25/orlando-esteban-ramirez-y-sus-hermanos-transp-cesmag-adeudan-%e2%82%a1494-4-millones-a-la-ccss-y-lidera-grupo-de-huelga-1-setiembre/

  1. El 22 de agosto del año 2016, denuncio lo siguiente:

 

“Orlando Ramírez Bioley y sus empresas (Transportes Cesmag y Transportes Zapote) adeudan a la Seguridad Social ¢185.5 millones de colones”

https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2021/08/25/orlando-esteban-ramirez-y-sus-hermanos-transp-cesmag-adeudan-%e2%82%a1494-4-millones-a-la-ccss-y-lidera-grupo-de-huelga-1-setiembre/

  1. El 29 de agosto del año 2016, contesto a don Orlando Ramírez Bioley.

 

“No don Orlando Ramírez Bioley, Autotransportes Cesmag y Autotransportes Zapote, SI adeudan a la Seguridad Social ¢169 millones”

https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2016/08/29/no-don-orlando-ramirez-bioley-autotransp-cesmag-y-autotransp-zapote-si-adeudan-a-la-seguridad-social-%e2%82%a1184-9-millones/

  1. El 25 de agosto del año 2021, don Orlando y sus hermanos lideran el grupo que declaran la huelga para el 1º de setiembre.

 

“Orlando Esteban Ramírez y sus hermanos (Transp Cesmag) adeudan ¢494.4 millones de colones a la CCSS y, lidera grupo de huelga para el 1º de setiembre”

https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2021/08/25/orlando-esteban-ramirez-y-sus-hermanos-transp-cesmag-adeudan-%e2%82%a1494-4-millones-a-la-ccss-y-lidera-grupo-de-huelga-1-setiembre/

Autobuseros y taxistas anuncian paro nacional y bloqueos para presionar al gobierno.

Transportistas se unen y llaman a “la madre de las manifestaciones” el próximo 1 de setiembre

https://www.crhoy.com/nacionales/transportistas-se-unen-y-llaman-a-la-madre-de-las-manifestaciones-el-proximo-1-de-septiembre/

Con esta secuencia señor Presidente, espero tenga elementos suficientes para tomar la decisión que Usted considere pertinente.

Sin más por el momento, se despide de Usted;

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico: [email protected]

19 de julio de 2022

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H Solís adeuda ¢220 millones a la CCSS, solicito congelar los pagos pendientes.

 

Estimado señor Ing Luis Amador Jiménez, Ministro de Obras Públicas y Transportes.

Reciba un saludo cordial.

De la manera más atenta y respetuosa, acudo a Usted para solicitarle, se tome las medidas pertinentes contra la empresa Constructora Hernán Solís SRL, portadora de la cédula jurídica Nº3-102-008555 ya que se encuentra con un adeudo pendiente de pago con nuestra benemérita Caja Costarricense de Seguro Social, por ¢220.187.645.00 por concepto de cuotas obrero -patronales.

El artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS es claro en cuanto:

Artículo 74.-

(…)

Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31 de esta ley.

  1. La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  2. En relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo documento en los registros públicos mercantil, de asociaciones, de asociaciones deportivas y el Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excepto los expedidos por autoridades judiciales.
  3. Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social.
  4. El otorgamiento del beneficio dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
  5. El disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el cual será determinado dentro de un debido proceso seguido al efecto.

La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo; para ello, la Caja deberá suministrar mensualmente la información necesaria. El incumplimiento de esta obligación por parte de la Caja no impedirá ni entorpecerá el trámite respectivo. De igual forma, mediante convenios con cada una de esas instancias administrativas, la Caja Costarricense de Seguro Social podrá establecer bases de datos conjuntas y sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento del pago de las obligaciones con la seguridad social.

Por las razones antes descritas, solicito respetuosamente se congelen todos los pagos pendientes a la Constructora Hernán Solís SRL, hasta tanto cancele sus adeudos con nuestra Seguridad Social.

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico: [email protected]

19 de julio de 2022

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Basta ya que H Solís siga cometiendo injusticias con nuestros trabajadores, hay que obligarlos a pagar o, que se rescinden sus contratos.

 

Estimado señor Presidente de la República Licenciado Rodrigo Chaves Ramos.

Reciba un cordial saludo.

Con el mayor de los respetos me dirijo a Usted, con el fin de externarle mi enorme preocupación que, de igual forma, aqueja a muchos cientos de ex trabajadores y ex proveedores de la Empresa Constructora H Solís.

Esto lo saco nuevamente a colación, por la injusticia que representa para nuestros conciudadanos que, por solo el hecho de estar necesitados de trabajo, tendrán que acercarse a dicha empresa a buscar como llevar algo de dinero y alimentos a las mesas de sus familiares.

Dicen los titulares de los últimos días de los medios de comunicación:

“Empresa H Solís contratará 250 personas para trabajar en la construcción de proyecto vial.”  

La pregunta obligada: ¿para que les ocurra lo que a miles de ex trabajadores les está sucediendo?

Don Rodrigo, el 9 de junio de 2021 envié una nota al señor Ex Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, instándolo a que interpusiera sus buenos oficios, con relación a un grupo importante de ex trabajadores y ex proveedores de la empresa H Solís que, han sido (y siguen siéndolo a la fecha) golpeados fuertemente por el no pago de sus liquidaciones y de trabajos realizados a dicha empresa.

Esto no es algo nuevo, tan es así que, aproveché dicha nota, para enviársela directamente al señor Dante Mossi Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y, a la Oficina de Integridad y Cumplimiento de dicho Banco (BCIE)

https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2022/02/11/senor-presidente-es-un-asunto-de-interes-publico-que-h-solis-pague-a-sus-trabajadores-despedidos-y-a-sus-proveedores-mucha-gente-esta-sufriendo-por-ello/

¿Por qué a esta oficina? Fue con la clara intención de ponerlos en autos de las constantes y repetidas irregularidades, SITUACIONES CONTRA LA ÉTICA, comisión de prácticas prohibidas o incumplimientos normativos en el uso de sus fondos o recursos administrados por el BCIE, así como reportes sobre hechos o afectaciones sociales relacionadas con los proyectos FINANCIADOS POR DICHO BANCO.

Como puede Usted notar estimado señor Presidente, el poder económico y tentáculos de estos señores de H Solís, ha llegado a tales esferas que, hasta en el BCIE los protegen.

Ahora bien, pido respetuosamente, si así lo tiene a bien,  solicite a la señora Ministra de Trabajo doña Marta Eugenia Esquivel Rodríguez los registros o expedientes de la empresa H Solís, para que se vaya de espaldas, de la cantidad de personal que se encuentra en paupérrimas condiciones laborales y económicas, todo porque H Solís no les cancela sus liquidaciones que, aunque fueron despedidos con responsabilidad laboral, no les pagan lo que les corresponde. (Muchos con más de dos años de despedidos)

Tengo documentos que le puedo hacer llegar don Rodrigo, con deudas a los proveedores de H Solís que ascienden a más de 2 mil millones de colones, por lo cual, muchas empresas pequeñas quebraron y, las que no, andan todavía tambaleándose.

Ahora bien, -algo inconcebible que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes debe exigirle a la empresa Constructora H Solís, cédula jurídica Nº3-102-008555- es que, legalmente debe y tiene que dar una dirección dónde se puedan notificar a sus representantes legales, ya que todas las demandas, sean laborales y, también por el no pago a proveedores, de manera mal intencionada y amañada, la empresa no tiene domicilio dónde reciban las notificaciones legales, ya que aparentemente la empresa pareciera no existiese, únicamente existe para el Mopt.

Señor Presidente de la República, Usted y su equipo de gobierno han actuado, en tan solo 2 meses de la Administración, demostrado a un pueblo valiente y trabajador que en Costa Rica existe justicia y, con ella vamos a seguir adelante, sin permitir que corruptos y corruptores hagan de las suyas, por esta misma razón lo insto a que, la Administración Chaves Robles, en su mandato, maneje un código de ética en cuanto a las contrataciones existentes con el MOPT y, si algún patrono como en el caso que nos ocupa de H Solís, no se ajusta a las obligaciones legales, SE LE RESCINDA EL CONTRATO a la mayor brevedad posible.

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

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11 de julio de 2022

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Don Fernando Cruz Castro; Usted pasó sin pena y sin gloria por el Poder Judicial.

 

Estimado don Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Nuevamente me dirijo a Usted, con el mayor de los respetos.

Con gran asombro, leo lo que Usted dijo ante la Corte Plena hace dos días:

“La experiencia que tuve me señala que hay un ambiente de convertir al Poder Judicial en un objetivo político, que es muy fácil, lo vi muy bien en la Ley de Fortalecimiento de las Fianzas Públicas y, el plan Fiscal, también en la Ley de Empleo Público, todavía peor”.

Ante los magistrados, Usted manifestó también, su deseo de la NO reelección; hizo referencia de los principales problemas que enfrenta el Poder Judicial, entre los que destacó las amenazas a su independencia.

Don Fernando, desde el podio o pedestal del Olympo en que Ustedes Magistrados de la Corte Plena de Justicia creen estar; las cosas se ven, muy diferentes a como las ve el pueblo; el que con su trabajo del día a día y, con el sudor de su frente, paga impuestos para que Ustedes, de manera desmedida y complaciente, se receten jugosos aumentos de sueldos y, hasta pensiones de lujo que no se merecen, porque no aportaron lo suficiente para ellas.  Además de ello, a manos llenas el Poder Judicial quiere más y más presupuesto, pero….he ahí la gran incógnita que, para el suscrito, está más que claro.

El señor Presidente de la República don Rodrigo Chaves Robles, ante la invitación de la Corte Plena; -cosa que se repite cada cuatro años al comenzar la Administración del mandatario entrante- lo desnudó a Usted de pies a cabeza con los números que dio a conocer.

En 8 años, (2000-2018) hubo un crecimiento del 80% de personal en la Corte, si lo analizamos ligeramente sin ser un ducho con las matemáticas, debería ineludiblemente, surtir  un efecto directo y positivo pero, Usted más que nadie sabe que, el resultado fue todo lo contrario  (negativo)

La Corte Suprema de Justicia, desdichadamente perdió el norte, todos los días podemos escuchar el sin número de equivocaciones y errores, por parte de jueces NOMBRADOS POR USTEDES.

Se pueden enumerar no se cuantas páginas y, no podríamos terminar con estas falencias; enumeraré algunas que me vienen a la mente de manera fugaz:

  1. En el año 1988 la Asamblea Legislativa en la Comisión de Narcotráfico atribuyeron al Magistrado JESUS RAMÍREZ QUIRÓS conductas que, de manera indirecta FAVORECIERON la penetración de intereses del narcotráfico en el Poder Judicial. ¡Pero aún sigue a su diestra!

 

  1. Para el año 2014, el Fiscal General de la República de ese entonces Jorge Chavarría Guzmán, decidió no postularse para la reelección y, de forma misteriosa, a los pocos días aparentemente por presiones políticas se ve obligado a declinar sus aspiración de retiro de su puesto. ¡Espero se acuerde don Fernando!.

 

En ese entonces, fui parte de los organizadores que nos reunimos -en buen número de personas he inclusive, nos acompañaron Diputados en ejercicio que nos apoyaban- en la esplanada de la Corte, para pedir a Corte Plena que no se reeligiera al fiscal Chavarría Guzmán.

 

Nunca tomaron el parecer del pueblo que a gritos pedía, fuera la corrupción de los Magistrados que votaron a favor del señor Chavarría Guzmán.

 

¿Usted se acuerda don Fernando, que en esas fechas existían sendas denuncias ante el Ministerio Público, acusando a varios políticos de los más influyentes?

 

  1. En julio del 2018, Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de manera sorpresiva, presentó su renuncia al cargo.

El señor Chinchilla Sandí, fue cuestionado ampliamente por conocerse su vinculación con el caso del cemento chino.

 

Los magistrados JESUS RAMÍREZ, CARLOS CHINCHILLA, DORIS ARIAS y MARÍA ELENA CORTÉS, cometieron una FALTA GRAVE al desestimar una causa de supuesto tráfico de influencias en contra de los ex Diputados Otto Guevara y la joyita de Víctor Morales Zapata.

 

Estos magistrados quedaron impunes ya que la Corte Plena simplemente les aplicó una amonestación, sin considerar que, estos le fallaron al pueblo de Costa Rica, sin embargo, LA IMPUNIDAD IMPERÓ; como dice el refrán popular, se cubren con la misma cobija.

 

Tras la renuncia obligada de Carlos Chinchilla Sandí, la Corte Plena revierte amonestación a magistrados y los suspende.    Tras anular la votación inicial, los jueces de la Corte acordaron suspender por dos meses sin goce de salario a Doris Arias, Celso Gamboa, María Elena Gómez, JESUS RAMÍREZ y Carlos Chinchilla, así lo confirmó en su momento la oficina de prensa del Poder Judicial.

 

  1. El 7 de setiembre de 2021, le hago una solicitud formal a Usted, para que me indique el por qué, el vehículo personal de la señora Mélida Solís (imputada en el caso de H Solís), ingresó al sótano del II Circuito Judicial a recogerla; si la disposición disciplinaria del Poder Judicial dice que, al sótano, solo pueden entrar las llamada perreras a dejar reos o en su defecto recogerlos. ¡Usted, como de costumbre no me contestó! Nunca esperé que lo hiciera.

 

Ante esa situación y bajo varias solicitudes que le hice, me vi obligado a presentar ante la Sala Constitucional, una Acción de Derecho de Petición y, cuál sería la sorpresa , Usted salió sacudiéndose el saco en la solapa porque, nuevamente los magistrados de la Sala Cuarta de la cual Usted forma parte, se cubrieron con la misma cobija.

 

  1. Desde el año 2012 fue presentada DENUNCIA FORMAL (EXP: 12-000046-0615-PE contra 10 jerarcas de la CCSS acusados ante el Ministerio Público y, que siguen laborando en sus puestos de trabajo.

 

Señor Cruz Castro y qué ha pasado, por supuesto NADA.

 

  1. El 8 de marzo de 2019, Corporación Aldesa, avisó a sus cientos de inversionistas que tenían problemas de liquidez, el monto de lo defraudado fue superior a los 140 mil millones de colones y, dónde están los hermanos Chaves? ¡Usted no sabe nada!.

 

  1. En abril de 2022 un juez de Garabito en Puntarenas, dejó en libertad a dos hombres de nacionalidad colombiana acusados de tráfico internacional de drogas ¿y qué pasó señor Cruz?

 

  1. Magistrada Patricia Solano solicitó eliminación de resoluciones penales referida a casos de supremos poderes (Corrupción)

 

  1. Detienen a presunto asesino de Manfred Barberena.

 

Sospechoso de asesinato ha pasado solo en este año 2022 más de 92 ocasiones ante los Tribunales..  ¿y qué?

 

Espero don Fernando, entienda Usted el por qué el pueblo; sí nosotros los ciudadanos, estamos indignados, enfurecidos con el Poder Judicial, cada vez gastan más dinero de nuestros impuestos y, lo único que a Ustedes les interesa, son sus salarios y, sus pensiones.

Por supuesto, desde sus podios de amos y señores, los faraones del Poder Judicial, no pueden imaginarse las penurias que pasamos los ciudadanos, por la ineficiencia e inoperancia y, cuidado, hasta posibles complacencias con los imputados….

Como puede ver señor Fernando Cruz Castro, Usted no nos hace falta, ni hace falta en el Poder Judicial, Usted no dio la talla, ¡no sabe nada!, para lo cual fue encomendado, Usted pasó por el Poder Judicial, sin pena y sin gloria, lo que más nos angustia es que Usted se retira y, el próximo será igual o peor.

Entiende Usted por qué el pueblo de Costa Rica está harto del Poder Judicial?

¡Después no se quejen!

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico: [email protected]

5 de julio de 2022

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Magistrados de la Corte, basta de poses odiosas y prepotentes, sepan leer el clamor del Pueblo que, por desesperación ante tanta corrupción, pueda elegir próximamente a un dictador.

 

Estimado señor Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Reciba un saludo cordial.

He venido meditando sobre la grave crisis que enfrentamos en Costa Rica, sobre todo, por la gran ausencia de valores.   Peor aún, eso lo vemos reflejado un día sí y, otro también, en el Poder Judicial.

Somos un país que nos jactamos de nuestra democracia y, de nuestra institucionalidad; ello realmente lo he puesto en duda en innumerables ocasiones.

Si nos ponemos a analizar de manera rápida y somera, los acontecimientos de la última elección para la presidencia de la república de mayo 2022, eso nos deja muchas reflexiones y, sobre todo enseñanzas.

¿Por qué un partido totalmente nuevo, sin ninguna trayectoria política, surge de las desconocidas arenas y gana de manera contundente a sus opositores?

Don Fernando, yo fui parte de ese grupo de ciudadanos que votamos por un cambio, cosa que, hasta el momento doy gracias a Dios, porque nuestro representante como Presidente de la República, lo ha hecho de la mejor manera, tal y como nos lo prometió, además que, se anuncian vientos huracanados para los corruptos.

Lo dijo en la cara a todos, óigase bien, a todos los costarricenses, que iba a barrer toda la podredumbre que se ha venido gestando durante muchas décadas, porque ya está descompuesta, putrefacta, podrida y, de no hacerlo, tendríamos consecuencias insospechables y sorprendentes.

Pues bien, muchos costarricenses dudaron de su capacidad y, sobre todo de su honestidad, ello, porque hasta donde el suscrito se acuerda, los políticos nos han dado, como dice el refrán popular, atolillo con el dedo, falsas expectativas y, la corrupción aumentada.

Don Fernando, Ustedes los veintidós Magistrados, más los Suplentes, -considero con todo respeto-, deben de empezar a tomar conciencia de sus grandes falencias.

Estas elecciones pasadas, nos está marcando un norte muy definido que, el que no quiere verlo de esa manera es, que quiere tapar el sol con un dedo, o se considera miope.  Los costarricenses estamos más que hartos de la barbarie política y, aun más, la ferocidad con que los TRES PODERES de la República, han jugado y burlado a este pueblo valiente y trabajador, con componendas y triquiñuelas burdas y baratas.

Sobre todo, el Poder Legislativo donde pareciera las cosas se venden al mejor postor, ¡yo te doy, de acuerdo a lo que vos me das!

Así opera nuestro parlamento legislativo y, lo digo con conocimiento de causa, ya que anduve en esas lides en la Asamblea Legislativa, en el orden de 15 años.

Así las cosas, para elegir a los Magistrados de la República por parte de los Legisladores, se cuecen muchas habas, ya que siempre han existido grandes compromisos e intereses políticos y económicos.

Ahora bien, a lo que quiero llegar, Ustedes veintidós magistrados tienen que reconocer que el Poder Judicial absorbe una enorme cantidad de recursos que pagamos todos los costarricenses, el meollo del asunto; por cada cien mil habitantes en el año 2000 existían 160 funcionarios y, al 2018 el crecimiento para ese mismo número de población ascendió a 251 funcionarios, o sea, casi un 80% más, ello no sería problema si, pudiésemos percatarnos los costarricenses que, ese aumento desmedido surtió efecto, sin embargo, al contrario, las cosa funcionan inversamente.

En otro orden de cosas, no puede ser que la Sala Cuarta, compuesta por Usted y otros Magistrados, decreten a su favor y conveniencia, sus PENSIONES DE LUJO; sé de antemano lo que Ustedes indican, ¡no somos nosotros, son los Magistrados Suplentes los que votan!, claro, por supuesto bajo el dedo acusador de sus superiores.

A lo que quiero llegar don Fernando, por favor, analicen, escuchen, atiendan la voz del pueblo, no sigan con sus poses de prepotencia, estamos al punto de que, si nuestros tres poderes de la república no reaccionan, en próximas elecciones, de forma desesperada y desalentadora, nuestro pueblo podría elegir a un temible dictador, donde este poder se resumirá a uno solo.

No queremos eso, no aspiramos que se repita lo de países hermanos que hoy luchan por su libertad, ¡nunca jamás!, no lleven a este pueblo a tomar una decisión por desesperación tomando medidas dictatoriales que, no nos dejará más que ruina, tristeza y desgracia.

Lean y escuchen la voz del Pueblo, sepan interpretarla, por favor no sigan tomando poses odiosas; ya los cambios son significativos para saberlos descifrar, estamos entrando en una encrucijada, no sean parte de una debacle o ruina política de nuestro hermoso y democrático país, ya no caben oídos sordos.

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico: [email protected]

26 de junio de 2022

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Solicito medidas cautelares a 10 jerarcas de la CCSS acusados ante el Ministerio Público y que, siguen laborando en sus puestos; entre ellas, reubicación a otros puestos de trabajo.

 

Estimado Licdo Álvaro Ramos Chaves, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Reciba un saludo cordial.

El día 22 de los corrientes, le envié a Usted y, a los Miembros de la Junta Directiva, solicitud formal, con el siguiente asunto:

“CCSS paga miles de millones de colones a funcionarios suspendidos, por formulismos de la Gerencia General”

https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2022/06/22/ccss-paga-miles-de-millones-de-colones-a-funcionarios-suspendidos-por-formulismos-de-la-gerencia-general/

Ahora bien, aprovechando dicha misiva y, en virtud de que el Lic Juan Diego Castro Fernández envió a Usted personalmente, el 16 de junio de los corrientes nota con detalles que posteriormente enumeraré, quiero manifestar mi total apoyo a dicha gestión, por lo que pido a Usted y demás miembros de la Junta Directiva, se aplique el artículo 107 de medidas cautelares a las personas que menciona el Lic Castro Fernández.

Así las cosas, el Lic Juan Diego Castro Fernández indica en su nota:

“Consulta sobre medidas cautelares y cuantía de los daños atinentes a la causa penal 12-000046-0615-PE

   Como es del conocimiento de esa junta directiva y de usted en especial, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, planteó acusación contra dieciocho jerarcas de esa Institución por los presuntos delitos de “Fraude de Ley” “Administración Fraudulenta” e “Influencia contra la Hacienda Pública”; expediente 12-000046-0615-PE

(…)

   El “daño social”, estimado pericialmente en esa causa criminal, determinó que tales encartados podrían estar obligados a reparar a los Seguros de Salud e Invalidez, así como Vejez y Muerte; la suma de doscientos diecisiete mil millones de colones mismo (a agosto de 2020).

   Sobre el particular, respetuoso me permito consultar, en beneficio del interés supremo de la población asegurada, los siguiente:

  1. ¿Por qué esa junta directiva permite que diez de estos acusados, aún laboren para la CCSS; a saber:

 

  • Ileana Balmaceda Arias
  • Dinorah Garro Herrera
  • José Alberto Acuña Ulate
  • Luis Guillermo López Vargas
  • Ivan Guardia Rodríguez
  • Gustavo Picado Chacón
  • José Luis Quesada Martínez
  • Christian Hernández Chacón
  • Roy Retana Mora
  • Yorleny Madrigal Mora

quienes continúan tomando decisiones sobre una cantidad considerable de recursos financieros; ocupando la mayoría de ellos los mismos puestos desde donde habrían cometido los delitos acusados que el Ministerio Público les atribuye? Por menos están suspendidos los alcaldes del caso diamante y estuvieron en prisión preventiva los dueños de las constructoras, recientemente excarcelados.

  1. ¿Por qué esa Presidencia Ejecutiva y la mentada directiva no ha gestionado ante el Ministerio público y la Procuraduría General de la República, la imposición de medidas cautelares que el Código Procesal Penal establece; como podría ser su reubicación en otros centros de trabajo de la misma institución mientras el proceso judicial concluye y así evitar el riesgo de más daños?

 

  1. Cuáles son los estudios, cálculos y acciones ordenados por usted y la junta directiva para determinar el “daño material” que en adición al “daño social” causado a ambos seguros, los mismos encartados estarían obligados a reparar?

 

  1. ¿Qué gestiones ha desplegado usted para la debida tramitación del proceso penal referido”.

 

Como indiqué en reglones anteriores, externo mi total apoyo a la gestión del Lic Castro Fernández, por lo que solicito a Usted señor Presidente Ejecutivo y demás miembros de la Junta Directiva, se tomen las acciones pertinentes a la mayor brevedad posible, con el fin de que, se aplique  la normativa vigente, entre ellas el artículo 107 de medidas cautelares a estas diez personas y, se gestione ante el Ministerio Público y Procuraduría General de la República la imposición de medidas cautelares que el Código Procesal Penal establece, como podrían ser, su reubicación en otros centros de trabajo de la misma institución mientras el proceso judicial concluye y así evitar el riesgo de más daños?

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico: [email protected]

24 de junio de 2022

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CCSS paga miles de millones de colones a funcionarios suspendidos, por formulismos de la Gerencia General.

 

Estimado señor Álvaro Ramos Chaves y Miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Reciba un saludo cordial.

Le he venido dando seguimiento desde setiembre de 2020, a la separación de los funcionarios Hans Vindas Céspedes, María Cristina Díaz Rivera y Luis Fernando Porras Meléndez que, por el caso de la compra de mascarillas fueron suspendidos de sus labores y que, aún siguen devengando su sueldo.

Desde setiembre de 2020 se les mando a sus casas, sin ejercer ningún tipo de labor para la CCSS, eso sí, religiosamente se les paga sus respectivos sueldos, sin hacer absolutamente nada.

Ahora bien, a pesar de que Porras Meléndez se le pagaron varios meses de suspensión, el mismo se acogió a su pensión pero, Hans Vindas Céspedes y María Cristina Díaz Rivera siguen suspendidos y se les sigue pagando salario.

La Gerencia General no ha querido aplicar, lo indicado en el oficio GA-DJ-02981-2021 simplemente por comodidad ya que, para evitar el pago de sumas innecesarias y pagadas de más por la institución, se puede hacerles un traslado temporal, tal y como reza el Artículo 107 de Medidas Cautelares.

  1. Separación temporal del puesto con goce de salario.
  2. Traslado Temporal. Todo traslado se realizará dentro de un perímetro de diez kilómetros dentro del actual centro de trabajo del funcionario. Durante el tiempo que dure la medida a la persona trabajadora se le ocupará en funciones propias de su perfil ocupacional e igual categoría; y se le mantendrán las condiciones salariales y de jornada semanal que viene disfrutando.

El asunto se agrava aún más, sabiendo que el 16 de junio del año en curso, fueron separados de sus cargos por el hackeo de la CCSS, el sub gerente de DTIC Roberto Blanco Topping y la Jefatura del Área de Seguridad, Mayra Ulate Rodríguez, que si por la víspera se saca el día, la Gerencia General, no les aplicará el Artículo 107 de la Medidas Cautelares, con un clarísimo detrimento a las arcas de la institución y, por supuesto una afectación a la Hacienda Pública, todo porque dicha gerencia, se ampara a la inconsistencia de la Junta Directiva, al dejar abierta la frase “SUGIERA” “SUGERENCIA” en su Artículo 25 Sesión 9051

Así las cosas, de manera atenta y respetuosa, solicito una revisión detallada y minuciosa al artículo 25 de la sesión Nº9051, del jueves 12 de setiembre de 2019 de la Junta Directiva, con relación a las medidas cautelares y otras alternativas a implementar, a las personas que se les ha dictado medidas cautelares.

De esta forma, se podrá hacer la corrección pertinente por la Junta Directiva, para que se elimine el “SUGIERA” “SUGERENCIA” del artículo 25 de la sesión Nº9051, del jueves 12 de setiembre de 2019 de la Junta Directiva

En la nota enviada a la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Auditoría Interna, a todas las Gerencias, a todas y cada una de la Direcciones, Jefaturas en general los Directores, donde siete gerentes firman y el Director Jurídico, con el siguiente encabezado el 23 de agosto de 2021 dice:

GA-0704-2021 / GA-DJ-03983-2021 / GG-1752-2021/ GM-8450-2021 GF-1940-2021 / GIT-0747-2021/ GL-1360-2021/ GP-0995-2021 23 de agosto de 2021

Dice textualmente:

“ACUERDO SEGUNDO: Que se sugiera a las diferentes Gerencias,(….)

ACUERDO TERCERO: Instruir a la Gerencia Administrativa para que a partir de la sugerencia realizada por la Dirección Jurídica (….)  Junta Directiva con relación al acuerdo 28° de la sesión 9036, en el sentido de actualizar la propuesta. ACUERDO EN FIRME.”

 

Esperando, una reacción rápida y oportuna por parte de la Junta Directiva de nuestra Benemérita Institución, para que las personas que se encuentren separadas de sus cargos mientras se investigan los hechos, puedan ejercer otro cargo en la institución y, así alivianar los altos costos de tenerlos ociosos y con goce de sueldo.

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico: [email protected]

22 junio de 2022

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Contestación a la Fiscalía General sobre denuncia de posibles responsables del hackeo de la CCSS

 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PREVENCIÓN-SICE FGR-652-2022

ASUNTO: SOLICITO SEPARACIÓN INMEDIATA DEL DR ROBERTO CERVANTES BARRANTES, COMO AUTORIDAD SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Buenas tardes estimada Licenciada Denise Frago Piedra, Coordinadora Judicial de la Fiscalía General de la República.

El día 6 de junio del año en curso, Usted me giró lo siguiente:

“Reciba un cordial saludo, a la vez siguiendo órdenes superiores, se le previene para que en el plazo de 05 días, aclare la gestión que requiere hacer ante la Fiscalía General”

Con relación a su solicitud, he de indicarle que mi intención es que, esa Fiscalía en virtud de mi denuncia, proceda a investigar y determinar si en el caso del Dr Roberto Cervantes Barrantes y sus subalternos, existe alguna conducta que pueda calificarse como delito.

 

Como prueba, aporto el reportaje del Semanario Universidad con fecha 8 de junio 2022.

 

“Antes del hackeo, Caja recibió 37 oficios de Auditoría Interna, con advertencias sobre ciberseguridad.

 

Antes de que se diera el hackeo a los sistemas informáticos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el pasado 31 de mayo, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones recibió 37 oficios e informes de Auditoría Interna con advertencias y propuestas de mejora en cuanto a ciberseguridad y seguridad de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC). 

Así se desprende de un oficio en manos de UNIVERSIDAD, el cual fue enviado el pasado 31 de mayo por parte de Auditoría Interna al gerente general, Roberto Cervantes, al subgerente a.i.  de Tecnologías de Información y Comunicación, Roberto Blanco, y a la jefa del Área de Seguridad y Calidad Informática de la institución, Mayra Ulate. 

(…)

Observaciones

En el oficio, el Órgano Fiscalizador recordó a las autoridades observaciones detalladas en los oficios AS- ATIC-052-2022, AD-ATIC-038-2022, AD-ATIC-039-2022, AD-ATIC-046-2022, todos relacionados con la ciberseguridad en la institución. 

Entre estas la Auditoría recordó que en materia de seguridad es innegable la premisa de monitorear los activos tecnológicos de la institución, equipo, red software e información, entre otros por lo que disponer de una primera línea de defensa dedicada en tiempo completo contra cualquier incidente o intruso resaltará la función de buscar detectar y evitar ataques de forma proactiva sin afectar la contingencia y continuidad de los servicios.

Asimismo, le indicó que se debe velar por el cumplimiento de políticas, normas, protocolos y directrices relacionadas con seguridad informática.

La Auditoría recapituló también que los planes de continuidad, contingencia y/o de emergencia en el ámbito tecnológico y de negocio tienen un gran «impacto» ante un siniestro, y que se debe fortalecer la arquitectura de la plataforma tecnológica institucional  para así asegurar la prestación de servicios conforme a criterios de disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la información en todos los sistemas institucionales críticos, a partir del desarrollo de los entornos lógico, físico, geográfico y tecnológico necesarios. 

(…)

El órgano auditor aprovechó la misiva también para recordarle a la Unidad de Tecnología de Información  que  basado en la Política de seguridad de información/ciberseguridad, «debe establecer los mecanismos necesarios para asegurar una protección razonable de los activos tecnológicos, activos de información institucionales, dando énfasis en su clasificación como elemento definitorio para establecer los requerimientos de preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información».

(…)

Investigación

Precisamente la semana anterior, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pidió investigar y sancionar a los responsables de la Dirección de Tecnologías de la Información de la CCSS, “a quienes se demuestre que actuaron de manera negligente e irresponsable”.

“Recibimos un informe de los ataques cibernéticos a la Caja, y desafortunadamente la afectación es seria, es severa. Le he pedido al señor presidente de la CCSS que además de actuar inmediatamente y de acuerdo con el decreto de emergencia que firmó el Gobierno, hay que investigar y sancionar a los responsables de la dirección de tecnología de la CCSS a quienes se demuestre que actuaron de manera negligente e irresponsable, porque en guerra avisada no debió haber muerto soldado”, externó Chaves.

El mandatario indicó que a pesar de que el país estaba enterado de otros ataques a instituciones públicas, la CCSS -teniendo disponibilidad de licencias para proteger equipos- solo las instaló en tres equipos.

Tras el ataque, la institución optó por desconectar sus equipos. Hasta el momento no se ha anunciado cuándo se podrían restaurar los sistemas informáticos”.

 

https://semanariouniversidad.com/pais/antes-del-hackeo-caja-recibio-37-oficios-de-auditoria-interna-con-advertencias-en-cuanto-a-ciberseguridad/

 

 

Por las razones antes descritas y, apuntando el grave problema que estamos viviendo los costarricenses y asegurados de la Benemérita Institución, con cancelación de citas médicas, operaciones, entrega de medicamentos y otros que, podrían inclusive acarrear decesos de pacientes, es que el suscrito, considera que estamos ante un asunto de INTERÉS PÚBLICO, por ello, solicito respetuosamente a esa Fiscalía General de la República, se tomen acciones inmediatas para encontrar y señalar a los responsables directos de este grave acontecimiento, con el fin de que sean llevados a los Tribunales de Justicia y, que paguen por su gravísimo descuido.

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico: [email protected]

 

9 de junio de 2022

 

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Solicito separación inmediata del Dr Roberto Cervantes, como Autoridad Superior de la Dirección de Tecnologías de la CCSS.

Estimado señor Presidente de la República, Lic Rodrigo Chaves Robles.

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de manera atenta y respetuosa, con el fin de ponerlo en autos de la tremenda y angustiante situación que se vive el día de hoy, en nuestra querida y Benemérita Institución, la Caja Costarricense de Seguro Social con respecto al hackeo.

Indica Usted el día de ayer, de manera literal:

“Hay que investigar y sancionar a los responsables de la Dirección de Tecnología de la Caja, a quienes se les demuestre que actuaron de manera negligente e irresponsable.

Porque, en guerra avisada no debió haber muerto soldado, Costa Rica sabía entera que, en nuestro país había un ataque terrorista, sin embargo, en la Caja, teniendo disponibilidad de licencias de MICRO CLAUDIA que es un programa de protección que nos ha donado el gobierno Español, mi entendimiento es que solo trece computadoras de la Caja, tenían instalado ese programa.

Estamos indignados de que una institución pública de esa magnitud, en vista de los ataques que ya había contra otras instituciones públicas, no se haya protegido como debió haberlo hecho

 

Así las cosas, en primera instancia, como costarricense y asegurado, protesto de manera anérgica, porque su decir es más que contundente y, además demuestra, el conformismo y  complicidad con que se trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social.

Otro asunto no menos importante que, me preocupa sobre manera, es el cómo se expone al nuevo Presidente Ejecutivo don Álvaro Ramos Chaves por parte de las Gerencias y demás miembros de la Junta Directiva, al permitir informaciones erróneas y deliberadas, para que salga a la prensa a indicar cosas totalmente alejadas a la realidad, tal y como se ha demostrado al día de hoy, todo, con el fin de encubrir -al igual que en otras oportunidades- la ineptitud e inoperancia, de altos jerarcas, los cuales se consideran intocables.

Ahora bien, con el fin de demostrar lo dicho anteriormente, pongo de su conocimiento que:

 

Con fecha 02 de diciembre de 2021 con

Oficio GG-AEOR-112-2021

El Dr Roberto Cervantes Barrantes,

Gerente de la Gerencia General – 1100, envió dicho comunicado

Asunto: Remisión documento “Organización Administrativa a nivel central, regional y local de la CCSS” actualizado a noviembre 2021

(…)

En la página 17 de dicho Oficio: GG-AEOR-112-2021, en la Tabla 6, queda ampliamente demostrado que, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (encargada de los temas técnicos con sus respectivas unidades) dependen jerárquicamente de la GERENCIA GENERAL que dirige y comanda el Dr Roberto Cervantes Barrantes.

 

Tabla 6 Gerencia General: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones – Dirección de Evaluación de Tecnologías – Dirección de Gestión de Riesgos.

 

Señor Presidente, ya los costarricenses estamos hartos de que en la Caja se cometan uno tras otro, actos de esta magnitud, sobre todo que, comprometen a la Institución no solo en su manera normal de operación sino que, hacen que, la misma pierda en innumerables ocasiones sumas multimillonarias de dinero, ello, sin que nadie medie para encontrar a los culpables.

Esto sin tomar en cuenta, el grave riesgo en que se pone a la población asegurada, tal y como lo estamos viendo el día de hoy.

 

La Junta Directiva y sus cómplices de las Gerencias, simplemente ordenan que se aplique un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO a los culpables, a los cuales se les nombra un ORGANO DIRECTOR compinche con los acusados que, generalmente, dejan que dicho procedimiento administrativo caduque y, ¡aquí no ha pasado nada!.

Peor aún, estos ilícitos y arbitrarios procedimientos, han sido inclusive denunciados ante la Fiscalía General de la República (Ministerio Público) por nosotros los asegurados y, por gente valiente que labora en la Institución y, por arte de magia, ¡tampoco pasa nada!.

 

Quisiera dejar patente ante Usted señor Presidente, el caso que denuncié el 19 de agosto de 2020:

“Junta Directiva CCSS, encubre deliberadamente a la Autoridad Superior Dr Roberto Cervantes Barrantes por compra de mascarillas irregulares.”

https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2020/08/19/junta-directiva-ccss-encubre-deliberadamente-a-la-autoridad-superior-dr-roberto-cervantes-b-por-compra-de-mascarillas-irregulares/

 

Por las razones antes descritas, solicito a Usted don Rodrigo para que, junto a sus tres representantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se solicite la separación inmediata del Dr Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General de la Institución, como AUTORIDAD SUPERIOR responsable del desastre y debacle del hackeo que nos aqueja, ello, sin dejar de lado a los demás responsables.

 

Atentamente;

 

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico: [email protected]

2 de junio de 2022

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