Estimados miembros de La Junta Directiva de La Caja Costarricense de Seguro Social.

En el periódico La Nación del día de hoy aparece reportaje con el siguiente título: Fugitivo de EE. UU. por lavado y apuestas ilegales opera en el país

Empresario de Heredia lo ayudó a gestionar residencia en Costa Rica

Ni más ni menos, este empresario es Sibtein Alibhia  apoderado generalísimo de Inversiones del Oriente, S.R.L y dueño de Centro Comercial Plaza Heredia, hermano del antiguo representante del Club Sport Herediano Aquíl Alí.

Ambos son los representantes de PIZZA DOS X UNO, S.A. empresa que se encuentra registrada en el Registro Público con la cédula jurídica:   3-101-211739 la cual, nunca ha sido inscrita como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

Trabajan bajo varias razones sociales para evadir el pago de la Caja por concepto de cuotas obrero patronales de sus trabajadores.   Tienen varios años de operar en el país sin embargo la CCSS no ha recibido un solo centavo de esta o estas empresas.

La gran hazaña llevada a cabo por los personeros de la CCSS, ha sido el aplicar a las tres razones sociales que se encuentran INACTIVAS la responsabilidad solidaria (artículo 51) y la única empresa que se encuentra activa GIRONELLA, que es a la que podría aplicársele la unidad económica no se le aplica el art 51.

Una vez más los jerarcas de la CCSS han demostrado su incapacidad y complacencia para cobrar los dineros que le corresponden según el artículo 30 de la Ley Constitutiva de la Institución.

“Artículo 30.- Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les deducirán las cuotas que estos deban satisfacer y entregarán a la Caja el monto de las mismas, en el tiempo y forma que determine la Junta Directiva.

El patrono que no cumpla con la obligación que establece el párrafo anterior, responderá personalmente por el pago de dichas cuotas. Cuando el patrono fuere el Estado o sus instituciones, y el culpable de que no se haga la retención fuere un trabajador al servicio de ellos, la responsabilidad por el incumplimiento será suya y se le sancionará con suspensión del respectivo cargo, durante quince días, sin goce de sueldo.

En caso del traspaso o arrendamiento de una empresa de cualquier índole, el adquiriente o arrendatario responderá solidariamente con el trasmitente o arrendante, por el pago de las cuotas obreras o patronales que estos últimos fueren en deber a la Caja en el momento del traspaso o arrendamiento. Para que la Caja recupere las cuotas que se adeuden, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 53 de esta ley”

A continuación detallo estudio de registro:

2    FOLIO: 1066     ASIENTO: 474

3    FOLIO: 1056     ASIENTO: 287

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MONTOS ADEUDADOS POR LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN MOROSAS

La situación tal y como se los he indicado en repetidas ocasiones, es muy sencilla, los inspectores, pero que sean intachables y de reconocida solvencia moral, se presentan a los restaurantes 2 X 1 le solicitan la documentación a cada uno de los Administradores o en su defecto, a cada uno de los empleados que laboran en dicha empresa y si no lo logran, aplican el artículo 48 y lo cierran, pero……que habrá por detrás de todo esto que en tantos años no han podido hacer “nada al respecto” .  Acordémonos que los inspectores de la CCSS están facultados para hacer ese tipo de trabajos.

Artículo 48.- La Caja podrá ordenar, administrativamente, el cierre del establecimiento, local o centro donde se realiza la actividad cuando:

a. La persona responsable o su representante se nieguen, injustificada y reiteradamente, a suministrar la información que los inspectores de la Caja Costarricense de Seguro Social le soliciten dentro de sus atribuciones legales. No se aplicará dicha medida si la información requerida se entrega dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución en que se ordena el cierre.

b. Cuando exista mora por más de dos meses en el pago de las cuotas correspondientes, siempre y cuando no medie ningún proceso de arreglo de pago o declaratorio de derechos entre el patrono y la Caja.

El cierre del establecimiento, local o centro donde se realiza la actividad se hará mediante la colocación de sellos oficiales en puertas, ventanas y otros lugares de acceso al establecimiento. La destrucción de estos sellos acarreará la responsabilidad penal correspondiente.

El cierre podrá ordenarse por un período máximo de cinco días, prorrogable por otro igual cuando se mantengan los motivos por los que se dictó. Para la imposición de esta medida y antes de su resolución y ejecución, la Caja deberá garantizarle al afectado el respeto de su derecho al debido proceso administrativo, conforme al artículo 55 de esta ley, que será normado mediante el reglamento respectivo”

“Artículo 20.- Habrá un cuerpo de inspectores encargado de velar por el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos. Para tal propósito, los inspectores tendrán carácter de autoridades, con los deberes y las atribuciones señalados en los artículos 89 y 94 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para los efectos de esta ley, el Director del Departamento de Inspección de la Caja tendrá la facultad de solicitar por escrito, a la Tributación y a cualquier otra oficina pública, la información contenida en las declaraciones, los informes y los balances y sus anexos sobre salarios, remuneraciones e ingresos, pagados o recibidos por los asegurados, a quienes se les podrá recibir declaración jurada sobre los hechos investigados.

Las actas que levanten los inspectores y los informes que rindan en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, deberán ser motivados y tendrán valor de prueba muy calificada. Podrá prescindirse de dichas actas e informes solo cuando exista prueba que revele su inexactitud, falsedad o parcialidad.

Toda la información referida en este artículo tendrá carácter confidencial; su divulgación a terceros particulares o su mala utilización serán consideradas como falta grave del funcionario responsable y acarrearán, en su contra, las consecuencias administrativas, disciplinarias y judiciales que correspondan, incluida su inmediata separación del cargo.”

Atentamente;

Roberto Mora Salazar

Ced: 1-396-099

Cel: 8340-4504

Correo electrónico: [email protected]

2 de Setiembre de 2009