Solicito medidas cautelares a 10 jerarcas de la CCSS acusados ante el Ministerio Público y que, siguen laborando en sus puestos; entre ellas, reubicación a otros puestos de trabajo.

 

Estimado Licdo Álvaro Ramos Chaves, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Reciba un saludo cordial.

El día 22 de los corrientes, le envié a Usted y, a los Miembros de la Junta Directiva, solicitud formal, con el siguiente asunto:

“CCSS paga miles de millones de colones a funcionarios suspendidos, por formulismos de la Gerencia General”

https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2022/06/22/ccss-paga-miles-de-millones-de-colones-a-funcionarios-suspendidos-por-formulismos-de-la-gerencia-general/

Ahora bien, aprovechando dicha misiva y, en virtud de que el Lic Juan Diego Castro Fernández envió a Usted personalmente, el 16 de junio de los corrientes nota con detalles que posteriormente enumeraré, quiero manifestar mi total apoyo a dicha gestión, por lo que pido a Usted y demás miembros de la Junta Directiva, se aplique el artículo 107 de medidas cautelares a las personas que menciona el Lic Castro Fernández.

Así las cosas, el Lic Juan Diego Castro Fernández indica en su nota:

“Consulta sobre medidas cautelares y cuantía de los daños atinentes a la causa penal 12-000046-0615-PE

   Como es del conocimiento de esa junta directiva y de usted en especial, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, planteó acusación contra dieciocho jerarcas de esa Institución por los presuntos delitos de “Fraude de Ley” “Administración Fraudulenta” e “Influencia contra la Hacienda Pública”; expediente 12-000046-0615-PE

(…)

   El “daño social”, estimado pericialmente en esa causa criminal, determinó que tales encartados podrían estar obligados a reparar a los Seguros de Salud e Invalidez, así como Vejez y Muerte; la suma de doscientos diecisiete mil millones de colones mismo (a agosto de 2020).

   Sobre el particular, respetuoso me permito consultar, en beneficio del interés supremo de la población asegurada, los siguiente:

  1. ¿Por qué esa junta directiva permite que diez de estos acusados, aún laboren para la CCSS; a saber:

 

  • Ileana Balmaceda Arias
  • Dinorah Garro Herrera
  • José Alberto Acuña Ulate
  • Luis Guillermo López Vargas
  • Ivan Guardia Rodríguez
  • Gustavo Picado Chacón
  • José Luis Quesada Martínez
  • Christian Hernández Chacón
  • Roy Retana Mora
  • Yorleny Madrigal Mora

quienes continúan tomando decisiones sobre una cantidad considerable de recursos financieros; ocupando la mayoría de ellos los mismos puestos desde donde habrían cometido los delitos acusados que el Ministerio Público les atribuye? Por menos están suspendidos los alcaldes del caso diamante y estuvieron en prisión preventiva los dueños de las constructoras, recientemente excarcelados.

  1. ¿Por qué esa Presidencia Ejecutiva y la mentada directiva no ha gestionado ante el Ministerio público y la Procuraduría General de la República, la imposición de medidas cautelares que el Código Procesal Penal establece; como podría ser su reubicación en otros centros de trabajo de la misma institución mientras el proceso judicial concluye y así evitar el riesgo de más daños?

 

  1. Cuáles son los estudios, cálculos y acciones ordenados por usted y la junta directiva para determinar el “daño material” que en adición al “daño social” causado a ambos seguros, los mismos encartados estarían obligados a reparar?

 

  1. ¿Qué gestiones ha desplegado usted para la debida tramitación del proceso penal referido”.

 

Como indiqué en reglones anteriores, externo mi total apoyo a la gestión del Lic Castro Fernández, por lo que solicito a Usted señor Presidente Ejecutivo y demás miembros de la Junta Directiva, se tomen las acciones pertinentes a la mayor brevedad posible, con el fin de que, se aplique  la normativa vigente, entre ellas el artículo 107 de medidas cautelares a estas diez personas y, se gestione ante el Ministerio Público y Procuraduría General de la República la imposición de medidas cautelares que el Código Procesal Penal establece, como podrían ser, su reubicación en otros centros de trabajo de la misma institución mientras el proceso judicial concluye y así evitar el riesgo de más daños?

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico: [email protected]

24 de junio de 2022

https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/

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