El día de ayer me vi obligado a presentar ante la Sala Constitucional, una Acción de Derecho de Respuesta contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Lic Fernando Cruz Castro.

La misma solicitud de Derecho de Respuesta, fue dada en dos ocasiones y, no me fue posible recibir ninguna notificación por parte del Lic Cruz Castro.

 

ACCIÓN DE DERECHO DE PETICIÓN:

ROBERTO MORA SALAZAR

CONTRA:

FERNANDO CRUZ CASTRO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

SALA CONSTITUCIONAL.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

SEÑORES MAGISTRADOS:

El suscrito ROBERTO MORA SALAZAR, casado, vecino de San José, San Francisco de Dos Ríos, con cédula de identidad Nº1-0396-0099, me presento ante Ustedes, con el mayor de los respetos, para interponer DERECHO DE PETICIÓN, tal y como lo indica la Ley 9097.

El recién pasado 7 de setiembre de los corrientes, por segunda vez, solicité al Lic Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, me diese el DERECHO DE PETICIÓN, lo cual a la fecha no se ha dado.

 

(….)

 

LEGITIMACIÓN:

La presente acción la interpongo en ejercicio de la legitimación que otorgan la Constitución y las Leyes a los ciudadanos para incoar cualquier tipo de acciones ante las Salas Jurisdiccionales y oficinas administrativas previstas en el Ordenamiento Jurídico.

PETITORIA:

En primer lugar, solicito que el Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, como miembro de dicha Sala, se abstenga de votar en dicho caso.

El Artículo 27 de nuestra Carta Magna, es sumamente clara:

Artículo 27. – Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.

Esa norma se complementa con el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual manda: “Artículo 32.- Amparo referido al derecho de petición. Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la Oficina

Tal y como lo indica la Ley 9097 Decretada por la Asamblea Legislativa del 26 de octubre del 2012 en sus artículos:

ARTÍCULO 6.- Presentación de escritos y plazo de respuesta

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad

 

ARTÍCULO 11.- Tramitación y contestación de peticiones admitidas

  1. a) Una vez admitida para su trámite una petición por parte de la autoridad o del órgano público competente, se debe notificar su contestación a la persona que ha presentado la petición, en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo, podrá convocar, si así lo considera necesario, a los peticionarios en audiencia especial para responder a su petición de forma directa.
  2. b) Cuando la petición se estime fundada, la autoridad o el órgano competente para conocer de ella vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.
  3. c) La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad o el órgano competente e incorporará las razones y los motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que como resultado de la petición se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.
  4. d) La autoridad o el órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda.
  5. e) Anualmente, la autoridad o el órgano competente incorporará, dentro de su memoria anual de actividades, un resumen de las peticiones recibidas, contestadas o declaradas por resolución inadmisible.
  6. f) Por la complejidad del contenido de la petición, la Administración Pública podrá dar una respuesta parcial al peticionario indicando dicha situación, pudiéndose prorrogar de oficio un plazo adicional máximo de cinco días hábiles para su respuesta definitiva.

 

Según lo indicado en este artículo 11, solicito se me informe el por qué un vehículo totalmente ajeno a la Corte Suprema de Justicia, entro a recoger a la imputada señora Mélida Solís Vargas, una vez que se suspendió la audiencia en que se apelan las medidas cautelares que actualmente cumplen los sospechosos del caso “cochinilla” en los Tribunales de Justicia del II Circuito Judicial.

En esta operación, dicho vehículo, ni siquiera fue revisado, ya que perfectamente “podría” haber tenido armas de grueso calibre para la protección de la imputada, siendo entonces, algo inconcebible, violando todos los protocolos de protección que tienen que tener todos los edificios de la Corte Suprema de Justicia, ya que hemos vivido hace muchos años, una verdadera pesadilla de secuestro de magistrados.

Esta información fue confirmada en su momento, por la oficina de Prensa del Poder Judicial.

Artículo 27. – Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.

Esa norma se complementa con el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual manda: “Artículo 32.- Amparo referido al derecho de petición. Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la Oficina.

PEDIMENTO:

  • Cuál es la normativa que tiene el Poder Judicial como protocolo para que, vehículos no oficiales o particulares, puedan ingresar a los sótanos de los edificios, por lo cuales entran las llamadas “perreras” con detenidos.

 

  • Quién o quienes son los autorizados del Segundo Circuito Judicial, para otorgar permisos de ingreso a vehículos totalmente ajenos a la Institución.

 

  • Bajo qué normativa institucional, se pueden dar permisos de ingreso para recoger imputados que, simplemente no quieren salir por el frente del edificio, tal y como lo hacen los demás imputados.

 

  • De quién reciben órdenes los guardas del sótano del edificio de justicia, para que permitan el tránsito de vehículos no autorizados por el sótano.

 

  • Qué acciones efectivas y contundentes ha tomado la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ante este desacato a la normativa y protocolos establecidos que, ponen en grave peligro el edificio y sus ocupantes.

 

  • Solicito nombres y, si esto no fuese posible, las posiciones y puestos que tienen los que se atrevieron a dejar pasar el vehículo de doña Mélida Solís Vargas.

 

  • Qué acciones administrativas se han tomado por violentar todos los protocolos de protección al Edificio de la Corte y sus funcionarios.

 

  • Además del Órgano Director accionado para estos funcionarios, qué castigos y cuánto tiempo de suspensión se les otorgó.

 

NOTIFICACIONES:

Para notificaciones señalo el correo electrónico: [email protected]

Debidamente autorizado e inscrito ante el Poder Judicial.

29 de setiembre de 2021

 

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

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