Estimado señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lic Fernando Cruz Castro.

Le envío un cordial saludo.

Quisiera por este medio, recordarle de manera atenta y respetuosa que, el 13 de los corrientes le envié a Usted personalmente, nota con el siguiente asunto:

¿Cuál es el por qué, Mélida Solís sale de los Tribunales de Justicia por el sótano y, su vehículo privado entra a recogerla?

https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2021/07/13/cual-es-el-por-que-melida-solis-sale-de-los-tribunales-de-justicia-por-el-sotano-y-su-vehiculo-privado-entra-a-recogerla/

Desdichadamente, Usted como autoridad superior de la Corte Suprema de Justicia, no da el ejemplo, contestando lo que por ley debe hacer, ya que lo que el suscrito solicita, NO ES SECRETO DE ESTADO.

Así las cosas, no quería verme en esta situación, pero me veo obligado a solicitarle lo indicado por la Regulación del Derecho de Respuesta.

¨Ley 9097

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

 

REGULACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN

 

ARTÍCULO 1.- Titulares del derecho de petición

Todo ciudadano, independientemente de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse ningún perjuicio o sanción para el peticionario. Todo lo anterior se ajustará al precepto establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

 

ARTÍCULO 2.- Destinatarios

El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución, administración pública o autoridad pública, tanto del sector centralizado como descentralizado del Estado, así como aquellos entes públicos, con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito institucional, territorial o funcional de esta.

Procederá, además, el derecho de petición ante sujetos de derecho privado cuando estos ejerciten alguna actividad de interés público, administren y/o manejen fondos públicos o ejerzan alguna potestad pública de forma temporal o permanente.

 

ARTÍCULO 3.- Objeto de las peticiones

Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública.

No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en la presente ley.

 

 

ARTÍCULO 6.- Presentación de escritos y plazo de respuesta

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad

 

ARTÍCULO 12.– Protección jurisdiccional

El derecho de petición como derecho fundamental, de origen constitucional, será siempre susceptible de tutela judicial mediante el recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes, en los siguientes supuestos:

  1. a) Omisión del destinatario de la obligación de contestar en el plazo establecido en el artículo 6 de esta ley.
  2. b) Ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.
  3. c) Cuando la respuesta de la Administración Pública sea ambigua o parcial, sin justificación de su inexactitud o parcialidad en la entrega de la información y, se considere más bien una negativa de respuesta.
  4. d) Cuando el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales, en especial, su derecho de petición, derecho de debido proceso, de justicia administrativa, principio de igualdad, principio de transparencia administrativa, derecho de acceso a la información pública, entre otros.
  5. e) Aquellos otros supuestos establecidos por ley.

 

ARTÍCULO 13.- Sanciones por incumplimiento de pronta respuesta por los funcionarios públicos

El funcionario público que no responda en el plazo establecido ante una petición pura y simple de un ciudadano, será sancionado con el cinco por ciento (5%) del salario base mensual.

La denominación salario base corresponde al monto equivalente al salario base mensual del oficinista 1 que aparece en la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior.

Dicho salario base regirá durante todo el año siguiente, aun cuando el salario que se toma en consideración, para la fijación, sea modificado durante ese período. En caso de que llegaran a existir, en la misma ley de presupuesto, diferentes salarios para ese mismo cargo, se tomará el de mayor monto para los efectos de este artículo. La Corte Suprema de Justicia comunicará, por medio de publicación en el diario oficial La Gaceta, las variaciones anuales que se produzcan en el monto del salario referido¨

 

Esperando, no sea necesario tener que acudir a la Sala Constitucional para que Usted me de explicaciones de lo acontecido en el Segundo Circuito Judicial de San José, se despide de Usted;

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico:  [email protected]

21 de julio de 2021

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