Estimada señora Fiscala General de la República, Licda Emilia Navas Aparicio.

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

De manera atenta y respetuosa, me presento ante Usted, con el fin de llevar a cabo formal denuncia contra la Tesorera Nacional de la República Marta Eugenia Cubillo Jiménez portadora de la cédula de identidad Nº 1-0541-0781, por los supuestos delitos de DEBER DE PROBIDAD, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES y RETETENCIÓN INDEBIDA.

CONSIDERANDOS:

El Ministerio de Hacienda por medio del sistema INTEGRA, todos los meses rebaja religiosamente a sus trabajadores lo que el ordenamiento jurídico y normativa vigente indican, sin embargo, la Tesorera Nacional incumpliendo sus funciones como funcionaria pública de orientar su gestión a la satisfacción del interés público y, de identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias para los habitantes de la República, no cancela en tiempo y forma las cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social, que recolecta todos los meses.

El artículo 30 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social dice:

Artículo 30.- Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les deducirán las cuotas que estos deban satisfacer y entregarán a la Caja el monto de las mismas, en el tiempo y forma que determine la Junta Directiva.

El patrono que no cumpla con la obligación que establece el párrafo anterior, responderá personalmente por el pago de dichas cuotas. Cuando el patrono fuere el Estado o sus instituciones, y el culpable de que no se haga la retención fuere un trabajador al servicio de ellos, la responsabilidad por el incumplimiento será suya y se le sancionará con suspensión del respectivo cargo, durante quince días, sin goce de sueldo.

A la fecha, se estima que el Gobierno de la República le adeuda a nuestra Benemérita Institución la Caja Costarricense de Seguro Social, una suma que oscila en los 1. 7 billones de colones, acumulados por muchos años y, a la fecha no se cancelan las obligaciones mensuales con la Benemérita Institución.

HECHOS:

El 20 de agosto de 2010, el suscrito interpuso ante la Sala Cuarta un Recurso de Amparo, el cuál fue aceptado para estudio el 26 de agosto de 2010

Dicho Recurso de Amparo fue contra los Ministerios de Estado que se encontraban en estado de morosidad con cuotas multimillonarias por concepto de cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La Sala Cuarta interpeló a cada uno de los ministros para que explicaran el por qué y, algunos contestan:

  1. “5.- Informa bajo juramento Francisco Jiménez Reyes en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes (folio 50) que el pago de las obligaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social importa dos aristas diversas, una relacionada con el pago de las obligaciones o cuotas obreras y la otra relativa al pago de las obligaciones o cuotas estatales y patronales y que el procedimiento respectivo y la materialización o traslado de ambos pagos compete al Ministerios de Hacienda según el procedimiento que dicho órgano ha definido al efecto. Afirma que se trata de una cuestión de traslado efectivo de fondos”
  2. “6.- Informa bajo juramento María Luisa Ávila Agüero en su condición de Ministra de Salud, (folio 78) que conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud le corresponde la cancelación de cuotas patronales y estatales a través de la Tesorería Nacional las cuales se han realizado conforme a la programación financiera siendo que las planillas por estos conceptos se han depositado oportunamente en el último mes, sin embargo afirma que es la Tesorería Nacional, por ser la que realiza la retención a los servidores mediante el sistema de pago de salarios conocido como INTEGRA la que puede dar fe de lo actuado”
  3. “9.- Informa bajo juramento Hernando París Rodríguez en su condición de Ministro de Justicia (folio 120) (…) Sobre los alegatos del recurrente en cuanto a la morosidad patronal, indica que este Ministerio reporta al Ministerio de Hacienda la cantidad de empleados que se encuentran laborando, las funciones y el salario establecido para cada uno de ellos, así como el porcentaje correspondiente a la seguridad social de cada uno, de modo que es la Tesorería Nacional la encargada de efectuar las deducciones y transferencias correspondientes”.
  4. “11.- Informa bajo juramento Laura Alfaro Maykall en su condición de Ministra de Planificación Nacional y Política Económica (folio 140), que los diferentes Ministerios por medio del sistema INTEGRA proporcionan la información sobre los salarios de los funcionarios públicos. Afirma que por la forma en que opera el traslado de las deducciones por concepto de cuotas obreras a la Caja Costarricense de Seguro Social, corresponde al Ministerio de Hacienda a través de la Tesorería Nacional efectuar esos pagos”
  5. “12.- Informa bajo juramento Francisco Jiménez Reyes en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes (folio 156), en adición a su informe anterior que el pago de las cuotas obreras es competencia de la Tesorería Nacional, por cuanto a cada servidor se les deduce directamente de su salario quincenal por medio del sistema INTEGRA”.
  6. “13.- Informa bajo juramento Leonardo Garnier Rímolo en su condición de Ministro de Educación Pública (folio 162) (…) Sostiene además sobre la cuota obrera, que es competencia única y exclusiva del Ministerio de Hacienda”

Como se puede observar, existe un común denominador entre los juramentos de los exministros; en cuanto a que, a cada trabajador del Estado, se le rebajó lo correspondiente, tal y como lo indica la ley por medio del sistema INTEGRA, por consiguiente, esos dineros se quedan en las arcas del Ministerio de Hacienda y que, la Tesorería Nacional nunca hace llegar en tiempo y forma a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ley Nº 4573

Código Penal

Sección V

Peculado y Malversación

Peculado. Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo

De acuerdo con Ewald Acuña, abogado penalista, este es un delito cometido por funcionarios públicos que tienen bajo su responsabilidad dinero o bienes de la administración pública y le dan fines distintos a los previstos por las leyes o reglamentos.

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUESIMIENTO

ILICITO EN LA FUNCIÓN PUBLICA.

DEBER DE PROBIDAD.

Ley 8422, Artículo 3

“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”.

CODIGO PENAL

ARTÍCULO 332:

Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando esté obligado a hacerlo.

Los funcionarios públicos han de desempeñar con diligencia las tares que tengan asignadas y velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución Política y del resto del Ordenamiento Jurídico.

En la normativa vigente de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social dice:

Artículo 30 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. – Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les deducirán las cuotas que estos deban satisfacer y entregarán a la Caja el monto de las mismas, en el tiempo y forma que determine la Junta Directiva.

El patrono que no cumpla con la obligación que establece el párrafo anterior, responderá personalmente por el pago de dichas cuotas”. (…)

Ahora bien, en este misma Ley, en su artículo 45 dice:

Artículo 45.- Constituye retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena determinada en el artículo 216 del Código Penal, a quien no entregue a la Caja el monto de las cuotas obreras obligatorias dispuestas en esta ley.

CÓDIGO PENAL:

APROPIACIÓN Y RETENCIÓN INDEBIDAS:

“ARTÍCULO 223.- Se impondrá la pena establecida en el artículo 216, según el monto de lo apropiado o retenido al que, teniendo bajo su poder o custodia una cosa mueble o un valor ajeno, por un título que produzca la obligación de entregar o devolver, se apropiare de ello o no lo entregare o restituyere a su debido tiempo, en perjuicio de otro. Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa, con perjuicio ajeno, la pena se reducirá, a juicio del juez.

En todo caso, previamente el imputado será prevenido por la autoridad que conozca del asunto, para que, dentro del término de cinco días, devuelva o entregue el bien, y si lo hiciere no habrá delito, quedando a salvo las acciones civiles que tuviere el dueño”.

SOLICITUD

Está más que demostrado la aparente malversación, las faltas por el deber de probidad, el incumplimiento de funciones y la retención indebida que lleva a cabo la Tesorera Nacional de la República mes a mes, al no pagar en tiempo y forma los dineros que según el ordenamiento jurídico y normativa vigente la obligan, con relación a las cuotas obrero-patronales de la Caja.

PETITORIA:

Se prevenga a la señora Marta Eugenia Cubillo Jiménez Tesorera Nacional de la República, para que, a partir de este mes, se proceda a llevar a cabo los pagos correspondientes a cuotas obrero-patronales que el gobierno deduce mes a mes a todos sus trabajadores.

De rehusarse a ello, se proceda con todo el peso de la Ley, para que se haga justicia en nombre de la SALUD PUBLICA, ya que dicha denuncia es de INTERÉS PÚBLICO.

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Correo electrónico: [email protected]

20 de marzo de 2020

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