Estimada señora Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres.

Aprovecho la presente para enviarle un saludo cordial.

En días pasados, en el periódico Diario Extra, aparece un reportaje que indica:

“Alunasa debe ¢1.308 millones a la CCSS

Dyalá Jiménez no ve motivos para quitar beneficio fiscal”

 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/398876/alunasa-debe-%C2%A21308-millones-a-la-ccss

Es muy lamentable doña Dyalá, que Usted como ministra no conozca la normativa vigente y mucho menos, el ordenamiento jurídico.

La Empresa, C V G Aluminios Nacionales, S.A., cuyo nombre comercial es ALUNASA, se encuentra atrasado con nuestra Seguridad Social con los siguientes montos:

    DEUDA DEUDA DEUDA TOTALES
CED JURID RAZON SOCIAL CCSS FODESAF IMAS  
3-101-035373 CVG ALUMINIOS NACIONALES, S.A. 1,309,227,074.00 CCSS tiene el monto de MUCHOS MILLONES 20,184,171.00 ₡1,329,411,245.00
           

 

La empresa Alunasa, al igual que cualquier otro patrono que se encuentre moroso con la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas obrero-patronales, puede operar, ya que la normativa vigente en su artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social indica:

  1. “La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.

 

  • “El disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el cual será determinado dentro de un debido proceso seguido al efecto”.

Así las cosas, su representada, de forma inmediata debe actuar con relación a este patrono moroso y, cancelar cualquier permiso, concesión o licencia, hasta tanto se ponga a derecho, o en su defecto, contraiga con la Institución Benemérita, un arreglo de pago, debidamente comprobado.

Artículo 30 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

“Artículo 30.- Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les deducirán las cuotas que estos deban satisfacer y entregarán a la Caja el monto de las mismas, en el tiempo y forma que determine la Junta Directiva.

El patrono que no cumpla con la obligación que establece el párrafo anterior, responderá personalmente por el pago de dichas cuotas. Cuando el patrono fuere el Estado o sus instituciones, y el culpable de que no se haga la retención fuere un trabajador al servicio de ellos, la responsabilidad por el incumplimiento será suya y se le sancionará con suspensión del respectivo cargo, durante quince días, sin goce de sueldo”.

El artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social indica:

“Artículo 74.-

(…)

  1. La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  2. En relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo documento en los registros públicos mercantil, de asociaciones, de asociaciones deportivas y el Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excepto los expedidos por autoridades judiciales.
  3. Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social.
  4. El otorgamiento del beneficio dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
  5. El disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el cual será determinado dentro de un debido proceso seguido al efecto.

La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo; para ello, la Caja deberá suministrar mensualmente la información necesaria.”  …(…)

Le informo con todo respeto, que estoy copiando esta nota a la Fiscala General de la República, Licda Emilia Navas Aparicio, con el fin de que, de oficio se pueda establecer el incumplimiento de deberes en la función pública.

“Incumplimiento de deberes

Artículo 339  Sera reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehuse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá  al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.»

 

Esperando una reacción inmediata por parte de su representada con el citado caso, se despide de Usted;

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-396-099

Correo electrónico: [email protected]

20 de setiembre de 2019

http://robertomorasalazar.ticoblogger.com/

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