Estimado señor Presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado Quesada.

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo.

De forma atenta y respetuosa, quisiera hacerle algunas consideraciones con relación a la huelga de los funcionarios de salud y cuerpo médico, que tanto daño año al país y los asegurados.

Los profesionales en ciencias médicas pretenden, que se les excluya de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, (REFORMA FISCAL).

Dicho gremio, exige que no se le aplique la fórmula de cálculo que establece la ley que implica: “que los incentivos salariales dejarán de calcularse de manera porcentual y, pasarán a ser un monto fijo.”

Por Dios señor Presidente, ¿que tienen los médicos que los hace diferentes -como personas- de acuerdo al artículo 33 de nuestra Constitución Política, que dice: Toda persona es igual ante la ley?.

La Reforma Fiscal aprobada en forma definitiva en la Asamblea Legislativa en diciembre del 2018, es clara en cuanto a los pluses salariales y el tributo a salarios millonarios.

En este país, los funcionarios de los servicios de salud pública, no tienen derecho a huelga, sin embargo, a pesar de que el gobierno presentó la solicitud de ilegalidad de la huelga, LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, probablemente están esperando más fallecimientos de inocentes pacientes para actuar.

La voracidad con que actúa la UNIÓN MÉDICA NACIONAL y los SINDICATOS, es preocupante.

42 días duró la huelga del cuerpo médico en la década de los 80s.

El fin de la huelga de 42 días, fue ocasionado por el cierre del servicio de emergencias del Hospital San Juan de Dios.

Para frenar esta huelga, el gobierno se vio obligado, a firmar un convenio con los sindicatos, en el cual se concedieron amplios beneficios salariales y otros pluses.   Así mismo, se acordó, además, crear una comisión que redactara una ley que incluyera estos.

Como resultado, en fecha 22 de diciembre de 1982, se aprobó la Ley Nº 6836 de Incentivos Médicos.

Los dos artículos más importantes de esta ley, son los controversiales Artículo 5, y 12

Artículo 5º.-El salario del médico estará constituido por el sueldo base, los aumentos, sobresueldos y pluses, vigentes a la fecha, más los incentivos que se crean por esta ley y que son los siguientes: un 5,5% por cada año de antigüedad en el servicio, incluido el trabajo realizado en cualquier institución del Estado; un 11% sobre el salario total por dedicación a la carrera hospitalaria; un 11% sobre el salario total por dedicación a la carrera administrativa; y un 3% por cada hora de consulta externa a partir de la quinta hora sobre el salario total.

Artículo 12.—Cada vez que se efectúe un aumento general de salarios para los empleados o funcionarios públicos del Gobierno Central, incluso por incentivos generales o aumentos de carácter general, que no se integren a la base salarial, las personas profesionales en Ciencias Médicas, con grado académico de Licenciatura o uno superior, tendrán como mínimo un aumento porcentual, igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos.

Según esta disposición, cada vez que se apruebe un ajuste general de salarios para el sector público, los profesionales en ciencias médicas, tienen automáticamente el derecho a un aumento igual a dicho porcentaje.

Así las cosas, ante la presión que representó la huelga, en el año 1982, los parlamentarios de esa época, al aprobar la Ley 6836, nunca dimensionaron el costo económico a futuro que representaba para el país esta ley.

Ahora bien, ante esta vorágine de excesos propuestos por estos grupos y, el descontento de los ciudadanos,- además, las graves consecuencias que sufrimos los asegurados al no ser atendidos de forma pronta y cumplida-, le solicito señor Presidente, no acceder a este sin número de abusos que, ni más ni menos es el pueblo trabajador, el que los paga.

Les recuerdo respetuosamente, que el artículo Nº11 de nuestra Carta Magna indica:

Artículo 11.-

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública.

No más privilegios, para grupos abusivos.

Nos cueste lo que cueste, no cedamos, es un asunto de pudor y conciencia don Carlos.

 

Saludos cordiales

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-396-099

Correo electrónico: [email protected]

12 de agosto de 2019

http://robertomorasalazar.ticoblogger.com/

A %d blogueros les gusta esto: