En el Poder Judicial se mueven fuerzas muy oscuras
AYER · PÚBLICO
Mañana lunes, si todo transcurre de acuerdo con lo anunciado, la Corte Plena escogerá al nuevo jefe del Ministerio Público, puesto que también se conoce como Fiscalía General. Se presentaron cinco candidatos, que ya fueron entrevistados por la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial.
Empiezo por confesar que no conozco a ninguno de los candidatos, nunca he conversado con ninguno de ellos, ni creo haber coincidido con ellos en ninguna actividad pública ni privada. De los cinco, antes de postularse, únicamente había oído hablar de Emilia Navas, de mucha notoriedad en estos últimos cuatro meses que ha estado al frente del Ministerio Público de manera interina, sustituyendo al anterior Fiscal General, Jorge Chavarría, de ingrata memoria.
Me motiva a escribir estas líneas ciertas actuaciones extrañas que han sido reportadas por diferentes medios, y que deberían -como mínimo- provocar alarma y repudio de la ciudadanía.
Lo primero que debe llamarnos la atención es la composición de la Comisión de Nombramientos. La conforman los siguientes magistrados: Paul Rueda, de la Sala Constitucional, quien preside; Luis Guillermo Rivas (de la Sala Primera), Julia Varela (Sala Segunda), y Jesús Ramírez (Sala Tercera).
El nombre que debería encender todas las alarmas es el del Magistrado Jesús Ramírez, quien se encuentra acusado penalmente -junto con el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, y el caído en desgracia Celso Gamboa– por su participación en la apresurada desestimación del caso contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara cuando Jorge Chavarría era todavía Fiscal General.
La causa penal está abierta y, tratándose de miembros de los supremos poderes, la persona encargada de llevarla es -por ley- el Fiscal General. Recodemos que hoy ese puesto lo ocupa de manera interina Emilia Navas, que es una de los candidatos que fueron entrevistados y evaluados por la Comisión de Nombramientos. Razón de más para que el Magistrado Ramírez se excusara de participar en este proceso, pero no lo hizo.
Otro de los candidatos es el Fiscal Ronald Segura Mena, quien en varias ocasiones ha trabajado de manera interina bajo el mando del Magistrado Jesús Ramírez, como suplente de sus letrados de confianza. Aquí tenemos otra razón más por la cual el Magistrado Ramírez se debió excusar de participar en el proceso de selección del nuevo Fiscal General. Pero no lo hizo.
Ya que hablamos del candidato Ronald Segura, centremos ahora la atención en él. Se presenta como Presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales (ACOFI), cédula de persona jurídica 3-002-666118, desde cuya página de Facebook se ha promovido sin recato su candidatura. Uno esperaría que la Asociación que se supone representa a todos los fiscales del país, se mantenga neutra en un proceso donde varios de ellos son candidatos para el mismo puesto. También esperaríamos que el presidente de la Asociación no se valga de su puesto para hacer proselitismo. Pero bueno, el problema es mío por ser tan ingenuo.
Foto tomada del fan page de la Asociación Costarricense de Fiscales
El verdadero problema, y este no tiene nada que ver con mi ingenuidad, es que ha sido denunciado que el nombramiento del Lic. Segura como presidente de la ACOFI está vencido desde hace más de un año, y la Asociación nunca hizo la asamblea requerida por ley para renovarlo o reemplazarlo. Los propios miembros de la ACOFI se quejan de que, desde su constitución, nunca más se llevaron a cabo las asambleas anuales que la ley exige. La Inspección Judicial está investigando este alegato.
De ser esto cierto, según me explica una abogada conocedora del tema, implicaría que la asociación, para los efectos prácticos, murió:
En aplicación del art. 13, inc. d) Ley de Asociaciones, esta asociación al día de hoy se encuentra extinta, al no contar con libros legales y porque el nombramiento de la junta directiva venció el 29/9/2016, sin haberla renovado dentro del plazo de ley (1 año). A diferencia de las sociedades, las asociaciones deben necesariamente tener libros legalizados y esta no los tiene. Tampoco puede reactivarse, porque ya se encuentra fenecida.”
En efecto, como se puede observar en las imágenes a continuación, esta asociación no presenta movimientos registrales de ninguna naturaleza desde su constitución en el 2013.
No existen movimientos desde su constitución en 2013
Los nombramientos, inscritos en 2013, vencen a los 4 años.
Debemos preguntarnos, entonces, si un candidato que presenta atestados falsos puede ser considerado idóneo para el cargo de Fiscal General, desde el cual deberá perseguir toda forma de corrupción y delito. De hecho, parte de la entrevista que le realizaron los magistrados de la Comisión de Nombramientos giró en torno a su supuesta presidencia de la ACOFI.
Pareciera que para los magistrados miembros de la Comisión de Nombramientos, esto no es problema, ya que recomendaron a dos candidatos, entre los cuales la Corte Plena deberá elegir mañana lunes: Emilia Navas y Ronald Segura.
Lo de Emilia Navas está claro: fue la mejor evaluada de los 5 candidatos, y su calificación fue casi perfecta (98 puntos de 100 posibles). Sin embargo, y a pesar de que Diario Extra describió a los otros 3 entrevistados como aspirantes sin pena ni gloria, dos de ellos obtuvieron mejores calificaciones que Ronald Segura: Guillermo Hernández y Alberto Montero.
Por qué, entonces, la Comisión de la que forma parte el Magistrado Jesús Ramírez recomienda al segundo peor calificado junto con la mejor evaluada, es algo que mi ya confesada ingenuidad no me permite comprender.
Los costarricenses deberemos prestar mucha atención a lo que suceda mañana en la Corte Plena, compuesta por 22 magistrados, de los cuales 12 están siendo investigados por la Fiscalía dirigida por Navas. Por decencia y transparencia, los 12 deberían excusarse y dejar que sean sus suplentes quienes decidan quién ocupará el puesto de Fiscal General por los próximos cuatro años.
No se ha arrugado ni dejado impresionar por el cargo o poderío de los investigados.
Los ciudadanos hemos observado cómo, desde el nombramiento interino de Emilia Navas, el Ministerio Público ha retomado casos que estaban en el olvido, reabierto otros que habían sido desestimados a pesar de la contundente evidencia, y no le ha temblado el pulso para investigar e imputar a quien corresponda. No se ha arrugado ni dejado impresionar por el cargo, apellido o poderío económico o político de los investigados. Nos ha devuelto la esperanza de que se puede acabar con la impunidad.
No permitamos que los intereses oscuros que se mueven a lo interno del Poder Judicial nos jueguen una mala pasada. Costa Rica demanda, hoy más que nunca, que la Fiscalía General sea ocupada por una persona íntegra, independiente, valiente y sin compromisos con la cuestionada jerarquía judicial. Entre los dos recomendados por la Comisión de Nombramientos, la elección es clara. Emilia Navas debe ser confirmada como Fiscala General.
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