Funcionarios corruptos de la Administración Pública, irán a la cárcel, según esta iniciativa.

 

Estimado señor Diputado, Mario Redondo Poveda.

Después de saludarlo cordialmente, aprovecho la oportunidad para enviarle mi más sincera felicitación por la iniciativa presentada el pasado jueves 6 de julio bajo el Expediente Legislativo Nº 20.455 denominada:

“Ley para penalizar el despilfarro de Recursos Públicos”

“Estamos hartos de que en este país se despilfarren decenas de miles de millones en chambonadas, de que se malgaste el dinero del pueblo un día sí y otro también, y que no pase nada, que nadie responda por esos graves errores.”

La misma, procura adicionar un nuevo Artículo 52 a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, para castigar con prisión a los servidores públicos que disponen de los recursos públicos de forma deliberada y muchas veces, de manera corrupta, porque saben que no existen sanciones.  “IMPUNIDAD”

“Ley para penalizar el despilfarro de recursos públicos”, para castigar con prisión entre seis meses y dos años cuando el funcionario que, teniendo a su cargo la planificación, ejecución, administración o supervisión de programas, proyectos, obras o servicios públicos, así como compras de bienes públicos, facilite o permita el incremento injustificado de costos, gastos o erogaciones de cualquier tipo de recursos públicos siempre que el monto no exceda los 100 salarios base. En caso de exceder esa cantidad y hasta llegar a los 200 salarios base, la pena sería de 1 a 4 años de prisión y por encima de esta última cifra, correspondería una sanción de 3 a 7 años de cárcel. 

 

El salario base para 2017 es de ¢426.200, por lo que entonces se entendería que la primer sanción aplica cuando el incremento injustificado sea igual o menor a ¢42.620.000, la segunda cuando el monto se encuentre entre los ¢42.620.000 y los ¢85.240.000 y la más rigurosa cuando supere esa cantidad. Adicionalmente, en este último caso, se propone que el superior jerárquico de ese funcionario responda solidariamente en la vía civil y que, además, tenga responsabilidad administrativa cuando se compruebe que incurrió en culpa por elegir a una persona que no rindió –cuando el puesto sea de elección discrecional– o por faltar al deber de vigilancia, en los términos dispuestos por los artículos 91 y 212 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

Corresponderá a los Tribunales de Justicia individualizar las responsabilidades de los funcionarios públicos acusados, así como determinar la magnitud del daño y valorar las circunstancias en que se dio el incremento para demostrar lo que resulte injustificable para proceder en consecuencia.

 

Mario Redondo explicó que esta reforma pretende obligar a la Administración Pública a realizar su gestión de forma ordenada y transparente, para que no se presenten aumentos en el gasto por errores, mala planificación, desidia o, incluso, corrupción. 

 

De acuerdo con el congresista,  “el pueblo merece que sus recursos se administren con diligencia, responsabilidad y rectitud, no más pifias impunes, no más chambonadas a costa de los recursos públicos, no más descuidos y ligerezas, hay que darle seriedad y calidad a la gestión administrativa y financiera del Estado, hay que garantizar que el dinero se use bien, en obras, bienes o servicios desarrollados con eficiencia”.

 

Considero señor Legislador Redondo Poveda, con iniciativas como estas, nosotros los costarricenses podremos salir adelante sin tanta impunidad, ya que estamos hartos del sin número de funcionarios qué, para su beneficio, disponen de nuestros impuestos para hacer de las suyas con empresarios deshonestos y sin escrúpulos.

 

Atentamente;

 

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-396-099

Cel: 8340-4504

Correo electrónico: [email protected]

12 de julio de 2017

 

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