Estimado Doctor Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Por medio de la presente le envío un saludo cordial.

El motivo de dicha misiva es, ponerle al tanto que el 30 de mayo pasado envié a su antecesora la Dra María del Rocío Sáenz Madrigal, conjuntamente con los demás miembros de la Junta Directiva, una nota solicitando información específica, tal y como me lo permite el Artículo 54 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y, de acuerdo al derecho que me asiste, de la manera más atenta y respetuosa, les solicito me contesten una a una las preguntas que a continuación les detallo; ello sin dejar de lado, lo que dice la Ley 9097 de la Regulación del Derecho de Petición, Artículo 6 y 13 que en su orden dicen:

Artículo 6: ….”conforme lo indica el artículo 2 de esta Ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción…”

Artículo 13 “El funcionario público que no responda en el plazo establecido ante una petición pura y simple de un ciudadano, será sancionado con el cinco por ciento (5%) del salario base mensual”

Así las cosas y, ante el inminente aumento decretado por la Junta Directiva de la Institución, del 1% del aporte de las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social-para cada uno de nosotros los trabajadores- como medida paliativa del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM), solicito antes de su puesta en marcha, se le conteste a un servidor y al pueblo en general, las siguientes preguntas, relativas a la situación actual de los seguros de salud -conocido antiguamente como seguro de Enfermedad y Maternidad- y de Invalidez, Vejez y Muerte, ya que existen documentos probatorios conocidos por la Junta Directiva, donde se demuestran las siguientes omisiones:

 

  1. I)NUEVE OMISIONES SOBRE EL SUPUESTO EQUILIBRO FINANCIERO EN LAS FINANZAS DEL SEGURO DE SALUD.

 

1)   El costo financiero relativo al rompimiento del tope de cesantía de 8 a 20 años aprobado–presuntamente en circunstancias fraudulentas [1] en 2009– es INSOSTENIBLE desde el punto de vista financiero. Ello según el punto 10 del acta de Junta Directiva del 03/Mayo/12, mismo que literalmente indica lo siguiente:

 

“En particular, lo dispuesto en el artículo 41 de la Normativa de Relaciones Laborales en materia de cesantía y su aumento progresivo en el tiempo, hasta arribar a 20 (veinte) años de tope máximo a partir del 01 de julio de 2016, que junto con una fase especial de altas jubilaciones, implicarán erogaciones no menores a los ¢35 mil millones anuales en los siguientes años, hasta un nivel máximo de ¢55 mil millones en el año 2018. De esta forma, los recursos destinados al pago de prestaciones legales se triplicarán en términos absolutos en un período de 7 (siete) años, una situación insostenible desde el punto de vista financiero.”(La negrita no es del original).

 

2)   El Seguro de Salud no contaría a corto plazo con el dinero necesario para sufragar el costo anual de operación de los 1.014 EBAIS existentes. Lo anterior, según declaración del Lic. Gustavo Picado Chacón, actual Gerente Financiero de la CCSS, publicada el 28/Agosto/13 por el periódico La Nación, en la cual indicó que se requiere que el ESTADO financie a través de IMPUESTOS el costo de operación de tales establecimientos de salud; ello sin especificar qué tipo de impuesto sería y quiénes lo pagarían.

 

3)   Que, fundamentalmente, a partir de diciembre de 2010, el Seguro de Salud se habría financiado a través de presuntos SUBSIDIOS ILEGALES CON CONOCIMIENTO DE CAUSA provenientes del RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE, originados en supuestos CONFLICTOS DE INTERÉS; siendo que dicho financiamiento se habría materializado a través de dos vías:

 

3.1) Incumplimiento de pago por parte del Seguro de Salud al Seguro de IVM de ¢4.787 millones más intereses legales, por concepto de actualización de alquiler de los edificios de oficinas centrales de la CCSS durante el lapso 01/01/08–31/05/12. Ello según Resolución DJ-100-2012-A del Órgano Decisor de la División Jurídica de la Contraloría General de la República.

 

3.2)  Presunta compra forzosa sin respaldo técnico de miles de millones en bonos de Gobierno por parte del Seguro de IVM al Seguro de Salud a precios presumiblemente altos, que dotaron de abundante liquidez al Seguro de Salud, pero menoscabaron –presuntamente–en forma significativa la rentabilidad del fondo de inversiones del régimen de IVM, ello en contraposición a la estrategia “activa de inversión” aprobada en 2008 por la Junta Directiva y al lineamiento de rendimiento mínimo promedio anual dispuesto por la Dirección Actuarial en oficio DA 050 del 30/Enero/08. Ello, según denuncia interpuesta ante el Ministerio Público (expediente judicial Nº 12-000046-0615-PE), la Contraloría General de la República, la SUPEN, y otros entes fiscalizadores.

 

4)   Que contrario a lo manifestado públicamente en su momento por la Ex Presidenta Ejecutiva, Dra Ileana Balmaceda Arias, esa Presidencia Ejecutiva en el sentido que “No es cierto que la Caja esté conectada a un respirador” (La Nación, 25/Octubre/13), la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA aseveró en el mismo artículo periodístico “…que la inyección atípica de capital, realizada por el Gobierno entre 2011 y 2012 y que seguirá vigente por varios años, no permite concluir “que la problemática de liquidez de este régimen –el Seguro de Salud– está resuelta”. (La negrita no es del original).

 

5)   Que pese a que el artículo 5º de la Ley Nº 7473 dispone que las cotizaciones del Estado a la CCSS deben realizarse en “DINERO EFECTIVO”, esa Junta Directiva aceptó que la referida inyección “atípica de capital”, cuyo monto supera los ¢208.451,57 MIL MILLONES, se recibiese en “BONOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA” de mediano y largo plazo. Lo anterior, con el agravante que buena parte de los títulos valores recibidos eran poco apetecidos en la Bolsa de Valores, lo cual dificultó su venta acentuando la grave situación de iliquidez en el Seguro de Salud, hecho que desembocó en el citado  “conflicto de interés” que forzó la compra de buena parte de tales bonos por el Seguro de IVM.  Esto, con el objetivo principal de dotar de liquidez al Seguro de Salud, pagando IVM –presumiblemente– por ellos precios aparentemente altos, lo cual habría menoscabado significativamente la rentabilidad del fondo de reserva del IVM.

 

6)   Que con aval de esa Junta Directiva, en enero de 2012 el Seguro de Salud se endeudó con el Banco Nacional por la suma de ¢35.000 millones, hecho que implicó el pago de ¢612 millones en intereses. Lo anterior, debido –según publicación del diario La Nación del 03/Febrero/13– a que ese Seguro no pudo vender en la Bolsa de Valores ¢52.000 millones que esa Junta Directiva aceptó recibir del Ministerio de Hacienda –en noviembre de 2011– en BONOS, más no en efectivo como lo dispone el artículo 5º de la Ley Nº 7473. Así, de haber cumplido esa Junta Directiva con lo señalado en esa Ley, tal crédito NO HUBIESE SIDO NECESARIO y, por ende, NO SE HUBIESEN PAGADO los ¢612 MILLONES de intereses. ¿Está la Junta Directiva dispuesta a reponer al Seguro de Salud esos ¢612 millones más los intereses legales correspondientes?

 

7)   Qué contrario a lo afirmado en el artículo de La Nación del 03/Febrero/13, en el sentido que el referido crédito por ¢35.000 millones sería utilizado para seguir prestando los servicios médicos a los asegurados, cubriendo gastos del Seguro de Salud relativos a salarios, incapacidades y proveedores; el verdadero destino de esos ¢35.000 millones habría sido reponer dinero tomado en diciembre de 2011 de la “Reserva destinada al pago del Salario Escolar 2012”, dinero que es un AHORRO de los TRABAJADORES y que presuntamente se tomó –en ese mes– sin permiso de los mismos para pagar facturas de proveedores del Seguro de Salud. Lo anterior, según consta en documento de la Gerencia Financiera presentado en Diciembre 2011 a la Junta Directiva de la CCSS, titulado “Fundamento técnico para optar por una línea de crédito temporal para el financiamiento del seguro de Salud, Diciembre 2011”.

 

8)   Para obtener la supuesta mejoría en las Finanzas del Seguro de Salud, la presente Administración habría dejado de lado importantes metas estratégicas contempladas en el “Plan Estratégico Institucional 2007-2012” tendientes a mejorar las prestaciones en salud; entre ellas la meta número tres de dicho Plan que establece un  incremento del número de EBAIS hasta alcanzar una relación promedio máxima de uno por cada 4 mil habitantes en todas las Áreas de Salud del país, siendo que para su logro se dispuso adicionar 546 nuevos EBAIS; sin embargo, esa Junta Directiva presumiblemente sólo habría logrado crear alrededor de 50.

 

9)   El informe vinculante de la Auditoría Interna de la CCSS número ASAAI-191-2012 de fecha 21 de agosto 2012, titulado  “Evaluación sobre los estudios técnicos que fundamentaron las remuneraciones a los funcionarios de la Institución del período 2006-2012”, recomendó a la Junta Directiva lo siguiente:

“1. En el plazo de 30 días instruir las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles y de otra índole que puedan corresponder a los funcionarios que autorizaron y presentaron ante la Junta Directiva las propuestas de aumentos y revaloraciones salariales analizadas en este informe, sin fundamentarlas en estudios que garantizaran la factibilidad y sostenibilidad de las propuestasni se observó un estudio legal respecto a la aplicación del aumento del percentil 50 a otros grupos, diferentes de los profesionales en enfermería, nutrición y ciencias médicas.”  (La negrita no es del original).

Sin embargo, transcurridos más de 15 meses, y pese a la gravedad de los hallazgos, no se aplicó por parte de la Junta Directiva, ni siquiera una medida cautelar contra los presuntos responsables, siendo que se desconoce el estado actual del  establecimiento de responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles y de otra índole ordenadas por el ente auditor.

 

  1. II)OCHO OMISIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SEGURO    DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE.

 

1)   Que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero integrado, entre otros, por el Presidente del Banco Central y el Ministro de Hacienda, criticó públicamente la “desidia” de la CCSS en la administración del Régimen de IVM y alertó sobre la existencia de “PROBLEMAS FUNDAMENTALES” en este Seguro para pagar pensiones a mediano y largo plazo; solicitando evaluar el incremento de cuotas y revisar los beneficios de los futuros jubilados. (La Nación, 07/Marzo/13).

 

2)   Que la Presidencia Ejecutiva en su momento públicamente CONFIRMÓ que tal régimen requiere reformas de “IMPACTO A CORTO PLAZO”, entre ellas aumentar la edad mínima de retiro y las cotizaciones; medidas que adversan trabajadores y patronos toda vez que el Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director Actuarial y Económico de la Caja, en múltiples ocasiones garantizó, con aval de esa Presidencia Ejecutiva, que ajustes como estos para salvaguardar la sostenibilidad financiera del IVM no serían necesarios sino hasta el 2030. (La Nación, 24/Abril/13).

 

3)   Que conforme a declaraciones del Dr. Edgar Robles Cordero, Superintendente de Pensiones, afirmó que “El futuro de IVM sigue en peligro y las posibilidades de corregir la situación son cada vez más escasas”. Asimismo, que “las medidas que se han adoptado en el régimen, en los últimos años, son irrelevantes para la sostenibilidad del sistema, y más bien se han dado cambios reglamentarios que perjudican el régimen, como permitir condiciones más ventajosas para pensionarse anticipadamente.”(La Nación, 29/Octubre/13).

 

4)   Que la rentabilidad el fondo de reserva del Seguro de IVM habría sido seria e ilegalmente menoscabada por tres vías:

4.1) Incumplimiento de pago por parte del Seguro de Salud al Seguro de IVM de ¢4.787 millones más intereses legales, por concepto de actualización de alquiler de los edificios de oficinas centrales de la CCSS durante el lapso 01/01/08–31/05/12. Ello según Resolución DJ-100-2012-A del Órgano Decisor de la División Jurídica de la Contraloría General de la República.

4.2)  Presunta compra forzosa sin respaldo técnico de miles de millones en bonos de Gobierno por parte del Seguro de IVM al Seguro de Salud a precios presumiblemente altos, que dotaron de abundante liquidez al Seguro de Salud, pero menoscabaron –presuntamente– en forma significativa la rentabilidad del fondo de inversiones del régimen de IVM, ello en contraposición a la estrategia “activa de inversión” aprobada en 2008 por la Junta Directiva y al lineamiento de rendimiento mínimo promedio anual dispuesto por la Dirección Actuarial en oficio DA 050 del 30/Enero/08. Ello, según denuncia interpuesta ante el Ministerio Público (expediente judicial Nº 12-000046-0615-PE), la Contraloría General de la República, la SUPEN, y otros entes fiscalizadores.

 

4.3) Debacle de la cartera de créditos hipotecarios que otorga el del Seguro de IVM, ante la aprobación del incremento de 2 puntos porcentuales –a partir de enero 2011– en las tasas de interés de tales empréstitos, en un contexto en el que las tasas de mercado estaban muy bajas. Acuerdo adoptado por recomendación –entre otros– de la Ing. Dinorah Garro Herrera, Gerente/Interventora de Pensiones, y el Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director Actuarial, en el Artículo 4º, Sesión Junta Directiva CCSS Nº 8486, 21/Diciembre/10. Hecho que habría generado pérdidas a IVM estimadas en  ¢14 mil millones de colones, y que fue cuestionado por la Contraloría General de la República en el informe número DFOE-IF-EC-04-2012 del 26/Junio/12.

 

5)   Que el 29 el Lic. Roy Retana Mora, presunto corresponsable de dicha debacle en la cartera de créditos hipotecarios de IVM, se mantiene aún en la Jefatura del Área de Crédito y Cobro del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte,  a cargo de dicha cartera cuyo monto asciende a más de ¢53 mil millones, pese a que causó daño patrimonial al realizar depósitos indebidos a 5 difuntos del Régimen No Contributivo de Pensiones; siendo que fue despedido sin responsabilidad patronal mediante Resolución de la Gerencia de Pensiones número DFA-322-2010 del 22 de febrero de 2010, misma que fue ratificada por la Sala IV y el Tribunal de Casación (Expediente Nº 10-002942-007-CO; Resolución 2010-007456, 23/Abril/10; Expediente Nº 10-001536-1027-CA; Resolución 000015-F-TC- 2012, 22/Marzo 2012)

 

6)   Que refiriéndose a la Ing. Dinorah Garro Herrera, Gerente/Interventora del Seguro de IVM, y presunta corresponsable del grave menoscabo en la rentabilidad del fondo de reserva del Seguro de IVM, el Lic. Javier Vega Zúñiga, Fiscal del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, manifestó en el oficio F-0530-2012 del 26/Abril/12, lo siguiente:

 

 

“[…] esta Fiscalía ha cuestionado a la señora Dinorah Garro Herrera, en algunos nombramientos que se han realizado durante años, […] fue cuestionada también como interventora del Hospital San Juan de Dios en el año 2007 y en la designación como Directora Administrativa-Financiera de dicha institución; igualmente como Interventora en la Gerencia de Pensiones de la CCSS, donde este Colegio Profesional presentó un proceso contencioso administrativo el cual se encuentra pendiente de resolución; y por último, como Directora de la Dirección Administrativa Financiera de la Gerencia de Pensiones, cuestionamientos a los cuales la Administración de la Caja Costarricense de Seguro Social ha hecho caso omiso.

[…]

Así las cosas, con base en la información que se indica en el currículum vitae de la señora Dinorah Garro Herrera sobre la experiencia profesional, el criterio de esta Oficina es que la misma no podía desempeñarse en el cargo de Interventora Administrativa ai del Hospital México, Interventora de la Dirección Administrativa y Financiera del Hospital San Juan de Dios, Directora Financiera Administrativa ai, Interventora en la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social y Directora Financiera Administrativa ai del Hospital San Juan de Dios, por tratarse de puestos cuyas actividades principales se consideran propios de las Ciencias Económicas”. (La negrita no es del original).

 

7)   Que la reforma al “Reglamento para las Inversiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, impulsada y avalada por la Junta Directiva en marzo 2011, eliminó el requisito de garantía estatal para invertir en títulos valores de ciertas entidades públicas, implicó un nivel de “riesgo de crédito” MÁS ALTO, pasando el Régimen de IVM de un perfil de inversor “adverso” al riesgo, a un perfil de inversionista MÁS “PROCLIVE” AL RIESGO, situación que elevó el riesgo de las reservas de IVM. (Oficio Auditoría Interna CCSS Nº 27294, 01/Junio/11).

8)   Que la Ing. Dinora Garro Herrera y los Licenciados Manuel Ugarte Brenes y Carlos Montoya Murillo, ex Gerente Financiero y Tesorero General, respectivamente; todos miembros del Comité de Inversiones de IVM, se encuentran denunciados por presunta falsedad ideológica, toda vez que –presuntamente– habrían adulterado actas de ese Comité con el propósito de ocultar evidencia que les incriminaba. Ello, según denuncia interpuesta ante el Ministerio Público (expediente judicial Nº 12-000046-0615-PE), la Contraloría General de la República, la SUPEN, y otros entes fiscalizadores.

 

Así las cosas, don Fernando y Miembros de la Junta Directiva de nuestra Benemérita, les agradeceré tomar nota para que Usted en calidad de nuevo Presidente Ejecutivo, junto con los demás miembros de la Junta Directiva, contesten todas y cada una de estas aparentes inconsistencias, despejándolas de forma amplia y satisfactoria para que tanto el suscrito como los asegurados de la institución de Salud, podamos tener claro, el por qué se nos aplica una alza en el régimen de IVM, cuando en realidad, los culpables y cómplices de toda esta debacle, se encuentran dentro de la misma institución y, peor aún, desempeñándose en los mismos cargos o puestos donde se dieron cada uno de estos ilícitos.

 

Atentamente;

 

 

Roberto Mora Salazar

Ced: 1-396-099

Cel: 8340-4504

Correo electrónico: [email protected]

15 de junio de 2017

 

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