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Estimada Doctora María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva y miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Aprovecho dicha misiva para enviarles un saludo cordial.

De acuerdo a la facultad que me otorga el artículo 54 de la Ley Constitutiva de la Caja, procedo a hacer formal solicitud ante Usted, para que de manera pronta y cumplida, se solicite a la Dirección Jurídica de esa Institución, el CRITERIO JURÍDICO del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya que por tratarse de un asunto de INTERES PÚBLICO es de vital importancia dejar claros sus alcances, para que la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), aplique el ordenamiento jurídico y normativa vigente.

Así las cosas, el día 8 de Setiembre del año en curso, con Oficio N°P-0556-2016, la Presidenta Ejecutiva de Recope, Ing Sara Salazar Badilla, me contesta nota del 25 de Agosto 2016, sobre denuncia realizada por este servidor, con relación a:

Const Santa Fe, Costa Rican Cocoa Prod y Blue Flame Fuel, reciben de Recope subsidios estando morosas con la CCSS.

http://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2016/08/25/const-santa-fe-costa-rican-cocoa-prod-blue-flame-fuel-reciben-recope-subsidios-estando-morosas-la-ccss/

Ahora bien, la señora Salazar Badilla, en la misma indica:

“Al respecto, consideramos necesario realizar las siguientes aclaraciones:

En relación con el Artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social invocado en el correo electrónico de cita, debe aclararse que el mismo refiere a una función social que busca garantizar que los particulares, personas físicas o jurídicas (administrados) que realicen trámites administrativos y participen de la contratación administrativa frente a la Administración, deban estar al día en el pago de las obligaciones que se establecen en el artículo 31 de la Ley Constitutiva de la Caja.

Por ende corresponde a la Administración a su vez, verificar que los terceros que requieran solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias frente a esta, estén al día con el pago de dichas obligaciones sociales.

En este sentido, resulta necesario aclarar que la compra venta de combustible que realizan los clientes frente a RECOPE, no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en dicha norma; en el tanto se trata de una actividad ordinaria de la Administración, cuya continuidad, calidad y eficiencia del servicio público que brinda, se encuentra fiscalizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”.

Al respecto el citado numeral 74 señala en lo que interesa:

(…)

“Como se desprende del texto antes transcrito y según se indicó líneas atrás, la relación comercial que RECOPE tiene con sus clientes que compran combustibles, no se ajusta a los supuestos contenidas en el numeral 74 de la Ley de la CCSS; en el tanto tal y como se indicó, se trata del ejercicio de una actividad ordinaria de la Empresa, entendida esta como “el suministro directo al usuario o destinatario final, de los servicios o las prestaciones establecidas, lega o reglamentariamente dentro de sus fines”

En este sentido, dicha actividad no se encuentra afecta a los procedimientos concursales de contratación, tal y como lo ha desarrollado ampliamente nuestra jurisprudencia nacional, la cual ha reiterado que dado su constate y frecuente tráfico y su relación inmediata con los usuarios, resulta claramente incompatible con los procedimiento concursales de contratación. (Ver en este sentido resolución N° 2000-10997 de las 8:35 horas del 13 de diciembre de 2000 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).

Por otra parte, en cuanto a la connotación fiscal que se le da al llamado subsidio cruzado de precios al gas licuado de petróleo, búnker, asfalto y emulsión asfáltica definido por el Poder Ejecutivo a través del decreto ejecutivo N°39437-MINAE de cita y considerado por la ARESEP en la fijación tarifaria de los productos que expende RECOPE, se debe aclarar que la misma resulta errónea, en el tanto no se trata ni de un régimen de exoneración, ni de un incentivo fiscal contenidos en el Artículo 74 de la Ley N° 17 “Ley Constitutiva de la Caja”, tal y como se menciona en su misiva; sino que se trata de un precio público fijado como se indicó por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en el ejercicio de sus competencias legales.

Asimismo, es necesario aclarar, que RECOPE no define ni autoriza subsidio alguno a los precios de los combustibles, toda vez que no es competencia de RECOPE fijar los precios de los productos derivados de hidrocarburos que expende, ni define tampoco las políticas sectoriales que al efecto se dictan en la materia.

Finalmente, agradecemos mucho la preocupación externada por Usted a través de su misiva, coincidimos en la importancia que la disposición contenida en el numeral 74 de la Ley de la Caja tiene para la seguridad social del país, y reiteramos nuestro compromiso en la aplicación de dicha norma siempre que se cumplan los supuestos para ello, no siendo este el caso de la venta del as gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica que realiza mi Representada”.

Por las razones expuestas por la Ing Salazar Badilla, nuevamente insisto de manera atenta y respetuosa ante Usted, para que sea el Departamento Legal de la Caja, quién se pronuncie al respecto con el CRITERIO JURÍDICO que ampara con su DEFINICIÓN del Artículo 74 para que la Administración Pública aplique lo pertinente al mismo en tiempo y forma.

Adjunto la nota u oficio, para que dicho Departamento Jurídico pueda pronunciarse ante la Junta Directiva de la mejor forma y poder aclarar este delicado asunto, ante la Presidencia Ejecutiva de Recope.

Le ruego estimada Doctora, tomar en cuenta la Ley 9097 de la Regulación del Derecho de Petición y su artículo 13, sanciones por incumplimiento de pronta respuesta por los funcionarios públicos.

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-396-099

Cel: 8340-4504

Correo electrónico: [email protected]

14 de Setiembre de 2016

http://robertomorasalazar.ticoblogger.com/

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