Sebastián Urbina

 

Estimado señor Vice Ministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, don Sebastián Urbina Cañas.

Aprovecho la misma para enviarle un saludo cordial.

Le pongo al tanto don Sebastián, que el día de ayer envié al señor Regulador General de la República don Dennis Meléndez Howell, solicitud sobre nota recibida en la Aresep el 5 de Enero de los corrientes.

La misma, se refiere, a que un grupo de vecinos de las comunidades de los Hatillos y Alajuelita, usuarios del transporte público remunerado de personas en la modalidad de autobús, de las rutas de Metrocoop, R.L., presentaron un escrito con más de 1.000 firmas a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos solicitando un “Auditoraje para determinar demanda real movilizada en rutas de Empresa Metrocoop R.L y el cobro de una justa tarifa”

Las solicitudes concretas:

a.- Se realice un auditoraje que determine cuál es la demanda real movilizada en las rutas operadas por el “Consorcio Cooperativo Metrocoop R.L”.

Con este estudio se establecerá de acuerdo a los horarios, si la flota actual autorizada por el MOPT es la requerida o, si el concesionario está aparentando supuestamente, una posible sobredimensión de usuarios de las rutas, para encarecer la tarifa a los consumidores.

b.- Se confronten los resultados de este auditoraje, con la demanda histórica reportada y, de encontrarse algún desequilibrio, se lleve a cabo un cálculo del monto del daño económico que ha causado a las y los usuarios de las rutas en mención.

De salir en este estudio un posible daño económico hacia el usuario, se proceda drásticamente, de acuerdo a lo que la Leyes tienen debidamente estipulado y, se lleve hasta las últimas consecuencias legales.

c.- Se verifique de conformidad con el “Contrato de Concesión” vigente y refrendado por la ARESEP, el cumplimiento de los horarios autorizados y otros.

Así las cosas, señor Urbina Cañas, el señor Regulador General, de manera muy atenta y amable, ayer mismo me contesta:

“Estimado don Roberto,

 

Estoy trasladando su petición a la Dirección de Transportes, a la Dirección de Atención al Usuario y a la Dirección de Asesoría Jurídica para que procedan de conformidad con lo que a cada una de ellas compete.

 

Considero que la fiscalización que usted hace es muy relevante para que muchas cosas que no están en orden, en el país, se pongan a derecho.

 

Saludos,

 

Dennis Meléndez Howell”

 

(La negrita no forma parte del original)

Ahora bien, Usted como Vicepresidente de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP), tiene la potestad y, debe darle curso a esta denuncia de un grupo importante de usuarios de las rutas en mención.

Es importante recalcar que, siendo esta una potestad que tiene el soberano, el usuario, el afectado directo por los grandes empresarios que supuestamente abusan de los consumidores y, ante la política dictada y enarbolada por el Ministro Carlos Segnini Villalobos, que ante los medios de comunicación ha dicho:

 MOPT exige a autobuseros cuentas claras por ingresos

http://www.nacion.com/nacional/transportes/MOPT-autobuseros-cuentas-claras-ingresos_0_1451854831.html

 

Le solicito nuevamente y de manera respetuosa, pero enérgica, tome las acciones pertinentes a la mayor brevedad posible, para que, conjuntamente o por separado, -como Usted lo considere oportuno-, “con la Aresep”, se lleven a cabo dichos auditorajes, para así determinar de una vez por todas, cual es la situación real que tanto aqueja y desestimula a los ciudadanos usuarios de estos servicios, por la incapacidad y tolerancia de la entidades gubernamentales, que al cabo de muchos años simplemente han cerrado los ojos para satisfacer a ciertos grupos poderosos del sector.

Valga la oportunidad para refrescarle lo que indica la Regulación del Derecho de Petición:

Ley 9097 publicada en la Gaceta, Alcance Digital N° 49 del 14 de marzo del 2013 sobre la Regulación del Derecho de Petición entre otros dice:

ARTÍCULO 6.- Presentación de escritos y plazo de respuesta. El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción”(…),

ARTÍCULO 13.- Sanciones por incumplimiento de pronta respuesta por los funcionarios públicos
El funcionario público que no responda en el plazo establecido ante una petición pura y simple de un ciudadano, será sancionado con el cinco por ciento (5%) del salario base mensual. (…)

Esperando una pronta respuesta a dicha petición, se despide de Usted;

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-396-099

Cel: 8340-4504

Correo electrónico: [email protected]

9 de Enero de 2015

http://robertomorasalazar.ticoblogger.com/

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