Corrupción

 

 

 

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Editorial: ¡Afuera los corruptos! Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redacción
Viernes 29 de Agosto de 2014 00:00
Según un cobrador de la Caja y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), 22 personas son responsables de la crisis financiera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, a pesar de contar con causas penales en su contra, fueron ascendidas a otro puesto.

Los denunciantes solicitaron al presidente de la República Luis Guillermo Solís que esos funcionarios fueran separados de sus cargos, de lo contrario, el cambio prometido en campaña para la institución no podría darse. Los documentos que respaldan las acusaciones fueron enviados al Consejo de Gobierno el pasado 4 de agosto.

Para Albino Vargas, secretario general de la ANEP, la institución no debe mantener en puestos que tengan poder de decisión a personas con este tipo de denuncias en su contra, más si se toma en cuenta que forman parte de un círculo político que afecta a la Caja.

Entre las actividades ilícitas denunciadas por el cobrador de la Caja y ANEP, se encuentran subsidios ilegales con conocimiento de causa en perjuicio del Régimen de IVM (¢4,7 mil millones), girar cheques a familiares de fallecidos, falsedad ideológica en documentos (toma de ¢35 mil millones de reserva de salario escolar para pagar a proveedores), ocultar vencimiento de contratos con puestos de bolsa (lo que obligó a invertir ¢5 mil millones en mercado primario), pago de ¢612 millones de intereses de crédito innecesario de ¢35 mil millones, suministro de información falaz sobre situación financiera de Seguros de Salud e IVM en discurso final de labores, peculado, difamación, delitos sexuales, acoso y hostigamiento laboral.

Sobre la acusación, la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, comunicó que a su despacho llegan cientos de denuncias de trabajadores y ciudadanos, por lo cual se tramitan con base en la normativa vigente y toda investigación debe llevar el debido proceso, el cual está normado y al que es necesario darle seguimiento.

Entendemos que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, así que esperaremos que la justicia prontamente devele las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas que mantienen funcionando instrumentos ilegales de control en la Caja.

De comprobarse la larga y vergonzosa lista de delitos provocados por esta manada de sinvergüenzas, quedará claro que gran parte de las dificultades económicas por las que atraviesa la CCSS -incluido el deterioro de sus servicios- es producto de sus administradores corruptos, que reproducen y consolidan la desigualdad social.

Confiamos totalmente en que el Presidente de la República y la Presidenta Ejecutiva de la Caja identifiquen el aparato administrativo que está perpetuando la ineficiencia, que genera formas parasitarias y nefastas de comportamientos que conducen a la pérdida de credibilidad en el Estado. ¡Todos esos funcionarios corruptos deben quedar afuera!

 

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