Dinorah Garro HerreraEstimada señora Contralora General de la República, Licenciada Marta Eugenia Acosta Zúñiga.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y, aprovecho la misma para exponer un asunto de sumo interés.

El 24 de Setiembre del año en curso, envié a la señora Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social, solicitud para que se aplicara una resolución del contrato a la empresa que presta sus servicios de seguridad al Laboratorio de Productos Farmacéuticos de la Institución.

Dicha compañía, ha venido con un comportamiento anómalo con relación al pago de las cuotas obrero patronales con la Institución y, aún así se ha obviado el ordenamiento jurídico, además, la normativa vigente según el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El caso llegó a tales extremos, que aún estando moroso, los funcionarios Ing Ovidio Murillo Valerio Director de la Dirección de Producción Industrial y su sub alterno, Ing Oscar Ortiz Brenes del Laboratorio de Productos Farmacéuticos, el 9 de agosto solicitaron mediante oficio N° L.P.F-282-06-2013 autorización para el inicio de la primera prórroga al contrato de la empresa de Seguridad y Vigilancia Camarías SVC, S.A, ello, a pesar de su millonaria deuda con la Institución.

Así las cosas, a esa fecha el estado era el siguiente:

CED JURID

NOMBRE DE RAZON SOCIAL

ESTADO ANTE LA CCSS

MOROSIDAD CON LA CCSS

MOROSIDAD CON FODESAF

3-101-565664

SEGURIDAD Y VIGILANCIA CAMARIAS SVC, S.A.

ACTIVO MOROSO

2.926.251.00

0.00

3-101-124844

SEGURIDAD CAMARIAS, S.A.

ACTIVO MOROSO

63.622.947.00

128.784.539.00

 

TOTALES

₡192.407.486.00

 

Ahora bien, algo que queda en total evidencia, es el hecho de que cuando la segunda razón social le adeuda sumas multimillonarias a nuestra Seguridad Social (63 millones a la CCSS y 128 a Fodesaf) se empieza a trabajar con una segunda, que es la que contrata con la Caja (a pesar de estar de igual forma morosa), para obviar los adeudos de la primera.

El artículo 51 de la Ley Constitutiva de la Caja dice:

“Artículo 51.- Las personas jurídicas, las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y autonomía funcional, aunque estas últimas tengan o no personalidad jurídica, responderán solidariamente por las acciones o las omisiones violatorias de esta ley, cometidas por los representantes en el ejercicio de sus funciones”(La negrita y el sub rayado no forman parte del original)

Me llama de manera asombrosa la atención, que la señora Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística de nuestra Benemérita Institución me contesta con oficio GL-31.571-2013 del 26 de Setiembre 2013, entre otras lo siguiente:

 

“Encuentra esta Asesoría que en efecto nos encontramos de frente a una situación anómala sobre la cual es necesario tomar medidas con tal de corregir la conducta del contratista, siendo que ante el insistente incumplimiento la Administración se encuentra llamada a por regla ante los incumplimientos graves a resolver el contrato. No obstante lo anterior, la Contraloría General de la República ha sido muy categórica en indicar que no se trata solo de ponderar si se trata de incumplimientos de esa envergadura sino que se hace preciso considerar que la resolución como última ratio, es decir como última opción tomando como criterios de decisión el servicio que se presta, las consecuencias de interrumpir la continuidad, el esfuerzo administrativo que se realizó con tal de contar con el mismo (tiempo de trámite, costo, complejidad, tamaño del mercado, entre otros).

De lo anterior se colige que la resolución contractual no sólo provoca una finalización anticipada del contrato sino que se trata de una terminación absolutamente anormal. La Contraloría, en esa medida, ha mesurado los alcances de la letra del Ley acudiendo a una interpretación hermenéutica en la que concilia dicha disposición con el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, sólo cuando no se cuente con otras formas de resolución efectiva es que la Administración acude a la resolución contractual. Con ello no se pretende premiar la conducta irregular del proveedor sino que se pondera la misma de frente al interés público que se persigue.

 

Es claro que nuestra legislación le impone a los contratistas encontrarse al día con la seguridad social cuando desee mantener relaciones negociales con la Administración y ello debe ser permanentemente vigilado por el Administrador del Contrato pues es una de sus tantas responsabilidades es cumplir con un requerimiento al que el legislador le ha dado un peso axiológico y normativo que a todas luces es especialmente apreciado por nuestra sociedad merced al papel que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social y que hoy, luego de sendos debates sobre la incorporación de dicho requerimiento como parte de las obligaciones del oferente y posterior contratista, se conformó como un requisito medular de contratación.

(…)

(…)

Al analizar el tema de la subsanación del requisito de estar al día con respecto al pago de las obligaciones obrero patronales, debe tomarse en cuenta necesariamente que dichas disposiciones, como se ha señalado, no se encuentran propiamente ligadas a materia sustantiva atinente a la contratación. Por el contrario, se trata de normas que han sido utilizadas por parte del legislador para establecer un control adicional al pago de las obligaciones con la seguridad social.

(…)

Es por ello, que mediante esas normas lo que se pretende, es que efectivamente se logre una disminución de la morosidad y se erradique la evasión, por consiguiente, por lo que en principio una lectura acorde con el régimen hace pensar que el espíritu de la norma no se materializa con el hecho de excluir a un oferente moroso. Es claro que existe una regla insoslayable consistente en adjudicar el procedimiento a una empresa que se encuentre al día en sus obligaciones con la seguridad social, pero no se identifica que exista una obligación de excluir necesariamente al oferente que a la fecha de la apertura se encuentre moroso.

(…)

En suma, corresponde que se realice una prevención al contratista para que se enderecen las conductas por una única vez pues de lo contrario cabe acudir a la medida más gravosa que prevé la Ley de Contratación Administrativa, a saber la resolución contractual cuando, como en la especie se observe una omisión irregular sostenida en el tiempo que no debe consentirse. De esa forma, es necesario que el órgano fiscalizador del contrato, adicionalmente realice una labor de sensibilización a la empresa contratista de todas las cuestiones que se esbozan en el presente oficio, pues de lo contrario es necesario acudir a la resolución del contrato por el incumplimiento de las obligaciones de la relación contractual y tomar las medidas preventivas con tal de asegurar la continuidad del servicio.

Lo anterior es conteste con cada una de las cuestiones que se apuntan dentro del presente criterio. De persistir la mora en el pago de las cuotas obrero patronales y de FODESAF proceder según lo aquí indicado.”

Lo anterior lleva a esta Gerencia a instruir que se despliegue la conducta administrativa en plena armonía con lo indicado en el Oficio de la Asesoría Legal, es decir, que se realicen las prevenciones correspondientes y ante la negativa o desidia del contratista se inicien las actuaciones inherentes a la resolución contractual no sin antes asegurarse la continuidad del servicio que se presta.

Doña Marta Eugenia, el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS es muy claro en cuanto:

Artículo 74.- (…)

Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31 de En relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo documento en los registros públicos mercantil, de asociaciones, de asociaciones deportivas y el Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excepto los expedidos por autoridades judiciales.

(…)

  1. 2.     Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social.

La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo;

Así las cosas, según lo indicado por la señora Garro Herrera, por resolución de la Contraloría General de la República, el hecho de estar moroso ante la CCSS y Fodesaf pasa a segundo plano, sea que estamos abriendo el camino a los malos ciudadanos que se valen de un sin número de artimañas para evitar el pago por concepto de cuotas obrero patronales y así autofinanciarse con los dineros rebajados a sus trabajadores en una clara retención indebida.

Señora Contralora, agradeceré de la manera más respetuosa, aclarar este tema a la mayor brevedad posible ya que aunque parezca increíble, los altos personeros de la CCSS se están atribuyendo potestades que no les compete y, una vez más se brincan la normativa como si estuviesen trabajando en su empresa privada.

Estas actitudes de manera repetitiva por parte de jerarcas que se creen dueños y señores de NUESTRA Institución, son sencillamente los motivos del por qué la Caja Costarricense de Seguro Social está cada vez más cerca del despeñadero.

(Adjunto documentos de Dinorah Garro Herrera)

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-396-099

Cel: 8340-4504

Correo electrónico: [email protected]

15 de Octubre de 2013

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