Estimada señora Contralora General de la República doña Marta Eugenia Acosta Zúñiga.

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo.

En fecha 24 de agosto del año en curso con circular DJ-5920-2012 el señor Lic Gilberth Alfaro Morales, Director jurídico con rango de subgerente, envió a las diferentes instancias de la CCSS como, Directores de hospitales, Directores de áreas de salud, Directores de sucursales, Directores de sede y Unidades de compra de la CCSS la siguiente nota:

“ASUNTO: Obligación de estar al día al momento de la apertura de los procedimientos de contratación administrativa. Reiteración

Ante las consultas que recientemente se han formulado al respecto, me permito reiterar la Circular 3326-12 del 25 de mayo de 2012 (misma que fue publicada por la Web Master el 29 de mayo de 2012), la cual en lo conducente indica:

Se reafirma que la posición de la Dirección Jurídica en cuanto al tema de cumplimiento del pago de las cuotas obrero-patronales y las del fondo de desarrollo social y asignaciones familiares (Fodesaf), por parte de los oferentes de servicios a la institución; es que al momento de presentar su oferta, deben estar al día en el pago de las mismas. Lo anterior de acuerdo con lo indicado en el artículo 74 de la Ley constitutiva de la Caja, el artículo 22 de la Ley de desarrollo social y asignaciones familiares.

Lo anterior incluso teniendo en consideración, un reciente antecedente de un caso particular de contratación, en que la Contraloría estima que el aspecto señalado supra, es subsanable, pues desde nuestro punto de vista, se trata de un aspecto fundamental en el contexto del régimen de Seguridad Social.”

 

De manera inaudita e incomprensible la Gerente de Infraestructura y Tecnología, Gabriela Murillo Jenkins, con una actuación contraria a la de cualquier funcionario responsable y preocupado por la Institución donde labora, solicita a la Contraloría General de la República una interpretación del Artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS, para así servir a los intereses espurios de empresas que quieren participar en contrataciones con la Caja Costarricense de Seguro Social y que se encuentran en estado de morosidad ante la Institución por concepto de cuotas obrero patronales.

 

Dicha funcionaria debió solicitar en primera instancia al Departamento Legal de la Caja dicha interpretación y no hacerlo contra todos los principios lógicos y morales de la institución.   Ello con claro desacato al artículo 19 de la Ley Constitutiva de la Caja.

 

Artículo 19.- Los miembros de la Junta Directiva, los gerentes de División y el resto del personal de la Caja que, por dolo o por culpa grave, ejecuten o permitan la ejecución de operaciones contrarias a la presente ley o sus reglamentos, responderán con sus bienes por las pérdidas que tales operaciones irroguen a la institución, sin perjuicio de la responsabilidad penal consiguiente.

Ahora bien doña Marta Eugenia, la Dirección de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República con la resolución R-DCA-393-2012 del 30 de Julio del 2012, rectifica la interpretación que por mayoría había adoptado y que establecía que el propósito y espíritu de este artículo es evitar que las empresas que quieran contratar con la Administración Pública o sus Instituciones Autónomas  se encuentren en estado de MOROSAS, sean aceptadas para entrar en las licitaciones públicas.

 

De hecho el Gerente Financiero de la CCSS, Gustavo Picado Chacón en contraposición a lo actuado por la señora Gabriela Murillo Jenkins impugnó la última resolución de la CGR por ser contraria al régimen legal y constitucional que protege los seguros sociales y a la propia ley orgánica de la CCSS.

 

Así las cosas, si el artículo 74 prohíbe a las personas morosas con la seguridad social participar en procesos de contratación administrativa, no existe posibilidad alguna de interpretar que el término “participación” se refiere a “la posibilidad de resultar adjudicatario del procedimiento de contratación”. Para ser adjudicatario se requiere haber participado en el proceso, haber presentado ofertas y que estas ofertas hayan sido analizadas y valoradas por la Administración.”

 

Considero estimada señora, los conceptos expresados por la Contraloría General de la República son totalmente contrarios a los intereses de nuestra Benemérita Institución, además, esta está obligada fundamentalmente a velar por el adecuado uso y PROTECCION DE LOS RECURSOS Y FONDOS PUBLICOS.

 

Como asegurado, le solicito respetuosamente, revisión de esta última resolución ya que para el pueblo que requiere y necesita los servicios de salud; esto no es más que una bofetada en la mejilla por una institución que contrario a los intereses partidistas de los gobiernos de turno (privatización) debe y tiene que velar por que la legislación se apegue a los derechos legales y constitucionales.

 

Ante esta burla que dejó patente la señora Murillo Jenkins de socavar los sagrados intereses de nuestra abnegada institución, más bien debe ser reprimida no solo por la Caja donde labora sino, que por la misma Contraloría General de la República.

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-396-099

Cel: 8340-4504

Correo electrónico: [email protected]

20 de Setiembre de 2012

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