Estimado Teniente Coronel Marco Daniel Calderón Loaiza, Jefe de la Quinta Comisaría del Ministerio de Seguridad Pública.
He dado seguimiento a su representada CARABINEROS DE LA PENINSULA, S.A. cédula jurídica N° 3-101-244290 y me llama la atención que a la fecha adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social la suma de ₡13.835.941.00 por concepto de cuotas obrero patronales.
Según puedo observar en la página web de esta razón social, fue fundada en el año 1999, por Usted, quién ocupa el puesto de Gerente General.  El motivo o propósito de ésta es brindar servicios especializados en materia de seguridad privada.
Encuentro también según el estudio, que su actual esposa María Lilliana Díaz Rosales es la Presidenta de la compañía y también ocupa el puesto de instructora acreditada de la Escuela Nacional de Policía.
Señor Calderón, esta situación me preocupa sobre manera, ya que Usted como alto jerarca del Ministerio de Seguridad Pública, debe saber, que para obtener el permiso de funcionamiento de su compañía de seguridad, tiene que cumplir con los requisitos que por ley son exigidos por parte de Ministerio donde Usted labora.
Se ahonda más mi preocupación, al saber que su representada esté trabajando a derecho con todos los requisitos que la Ley exige por el simple hecho de que Usted ocupa como lo indiqué anteriormente, un alto puesto en dicho Ministerio, sea que por su condición no tenga que cumplir los lineamientos y obligaciones que todas las demás empresas de seguridad del país inscritas ante ese Ministerio tienen que acatar.
La Ley Constitutiva de la CCSS en su artículo 74 indica:
Artículo 74.- (…)Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31 de esta ley. 1.      La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo (…)
Señor Calderón Loaiza y señora Díaz Rosales, de la manera más atenta y respetuosa les solicito poner a derecho su representada a la mayor brevedad posible en cuanto a la abultada suma que se le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social por el concepto antes descrito ya, que a todas luces se deduce que el rebajo del salario de sus trabajadores que por Ley tiene que aportarse a la Benemérita Institución, no se está realizando, constituyéndose esta acción en una clarísima RETENCIÓN INDEBIDA, delito penal.  Además, que el Ministerio donde Ustedes laboran, tendrá que cumplir con la Ley y despojarlos de los permisos para que dicha compañía siga funcionando a derecho.
(Adjunto documento de la pagina web de la CCSS donde se comprueba lo dicho)
 
Atentamente:
 
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 8340-4504
Correo electrónico: [email protected]
3 de Noviembre del 2011
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