Irregularidades del Gerente Administrativo de la CCSS

SEÑORES:
FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
 
DENUNCIA  EN CONTRA DE JOSE ALBERTO ACUÑA ULATE,  CÉDULA  DE IDENTIDAD N° 3-240-588  GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
 
El suscrito, ROBERTO MORA SALAZAR, mayor, casado, costarricense, cédula de identidad 1-396-099, vecino de San Francisco de Dos Ríos, San José, me apersono con todo respeto a poner en su conocimiento las actuaciones que se dirán, a efecto de que se investiguen y se determine si de las mismas puede derivarse alguna conducta sancionable, así como los autores de tales conductas.
 
HECHOS:
 
El señor José Alberto Acuña Ulate cédula de identidad N° 3-240-588 actualmente es el Gerente Administrativo de la Caja Costarricense del Seguro Social y anteriormente como Gerente de Pensiones de la misma Institución.
 
1.   El señor Acuña Ulate tiene una hija con la señora Carol Vanessa Uriarte Villegas cédula de identidad número: 1-787-485 cuyo nombre el María José Acuña Uriarte (identificación N° 1-17740412) quien a la fecha cuenta con  11 años 5 meses de edad. 
La señora Uriarte Villegas labora par la CCSS desde hace algunos años.
2.   En el año 2005 mediante sesión 7925 del 20 de enero la Junta Directiva de la Caja aprueba dar en calidad de contrato Comodato (un tipo de alquiler) una humilde casa a Uriarte Villegas para que viva con sus cuatro hijos incluyendo la hija del mismo Acuña Ulate, quien en ese momento era el Gerente de Pensiones de la Caja con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. En ese primer contrato Uriarte Villegas solo ocupaba la casa teniendo que reportar a la institución el pago de los servicios públicos cada mes.
“Corre por cuenta del comodatario el pago de los servicios de corriente eléctrica y agua. Los recibos cancelados deberán ser presentados mensualmente en el departamento de bienes e inmuebles, cita en el segundo piso del Edificio Jorge Debravo, avenida 8, calle 21, San José, de forma Mensual. En caso de no presentarlo será causa para dar terminado el presente contrato”, reza.
Algo extraño es que Uriarte Villegas en ese primer contrato no tiene poder sobre la casa solo tiene derecho a vivir con sus cuatro hijos.
“Por tanto no se puede quitar ninguna parte propia del inmueble, aunque haya sido comprada e instalada después del crédito con la Caja o de haber firmado este contrato, en el caso que fuera comprobado la ausencia de alguna parte se seguirá proceso por daños y perjuicios. Asimismo, se compromete a enseñar la casa en el momento que salga a concurso público”.
3.      En el año 2006 el señor Acuña Ulate le vende la casa a la señora Uriarte Villegas la cual logra un préstamo, al parecer con la misma Institución, (CCSS) y compra la casa que el mismo funcionario Acuña Ulate le da por ¢12.300.000.00 Así lo confirma la escritura. “José Alberto Acuña Ulate, mayor, casado una vez, economista, cédula de identidad……, vecino de San José, ……. en su condición de Gerente Administrativo de la Caja Costarricense de Seguro Social, entidad pública con domicilio en San José, Avenida Segunda……con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, personería inscrita en el Registro Público…….. da fe de su vigencia y …… Uriarte Villegas, mayor, soltera, secretaria ejecutiva……El primero en su condición dicha vende a la segunda quien acepta libre de impuestos y anotaciones”.
4.   A la fecha ambos personas, ella como secretaria y él como Gerente Administrativo siguen como funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social.
FONDO DEL ASUNTO:
El Deber de Probidad, se encuentra regulado en el Artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nº 8422, del 06 de octubre del 2004 (publicada en La Gaceta Nº 212, del 29 de octubre del 2004) y  artículo 1, incisos 14, sub-incisos a), b), c), d), e)  f) Y G) del Reglamento a la Ley (Decreto Ejecutivo Nº 32333, del 12 de abril del 2005, publicado en La Gaceta Nº 82, del 29 de abril del 2005), en lo que interesa señalan:1.   Ley 8422 Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública “ARTÍCULO 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”2.   Reglamento a la Ley Nº 8422:
“Artículo 1º-Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos siguientes tienen el significado que a continuación se indican:
(…)
13) Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones:
a)       Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igual para los habitantes de la República;
b)       Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley;
c)       Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña;
d)       Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente;
e)       Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley.
f)         Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en el Código Procesal Civil, y en otras leyes.
g)           Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público.”3. Las “Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a Observar por parte de los Jerarcas, Titulares, Subordinados, Funcionarios de la Contraloría General de la República, Auditorías Internas y Servidores Públicos en General”, emitidas por la Contraloría General de la República (N° D-2-2004-CO del 12 de noviembre del 2004) establecen una serie de  principios éticos que deben cumplir los funcionarios públicos en general. Dentro de estos principios, destaca lo dispuesto en el acápite 1.4 sobre la existencia de conflictos de interés:
 
“(…)
3. Los jerarcas. titulares subordinados y  demás funcionarios públicos no deberán utilizar su cargo oficial con propósitos privados y deberán evitar relaciones y actos que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas razonables acerca de su objetividad e independencia.
(…)
5. Los jerarcas. titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben demostrar v practicar una conducta moral y  ética intachable.(…)
17. Los jerarcas. titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán excusarse de participar en actos que ocasionen conflicto de intereses. El funcionario público debe abstenerse razonablemente de participar en cualquier actividad pública, familiar o privada en general, donde pueda existir un conflicto de intereses con respecto a su investidura de servidor público, sea porque puede comprometer su criterio, ocasionar dudas sobre su imparcialidad a una persona razonablemente objetiva, entre otros…” (El destacado no es del original)
En el caso que motiva esta denuncia, el señor José Alberto Acuña Ulate se presentó como juez y parte en un hecho privado y familiar que facilitó fundamentalmente a la madre de uno de sus hijos y por supuesto en forma personal ya que tiene que responder por la paternidad del mismo.
Con esta forma de proceder, el señor Acuña Ulate habría faltado al deber de probidad e incurrió en conflicto de intereses, pues debió abstenerse al saber que el fondo del asunto afectaba los intereses de la institución que dirige en su condición de funcionario público, con lo que hubiera demostrado buena fe. En su lugar su intención fue favorecerse en forma personal y darle techo a la madre de uno de sus hijos
Así las cosas hay una evidente incompatibilidad entre los intereses de la CCSS (institución de cuya alta jerarquía el denunciado participa) y los intereses defendidos por el señor Acuña en su actividad privada. Esto pone en tela de duda su imparcialidad y su interés por la defensa de los intereses de la CCSS.
Si un funcionario público forma parte de la jerarquía de una institución pública tan importante, no puede simultáneamente en su actividad privada realizar actos que comprometen o afectan los intereses de esa institución. Tal actuación muestra deslealtad hacia los fines públicos que juró defender como funcionario público y no es acorde con los parámetros éticos derivados del principio de buena fe. Viola el deber de probidad y los principios éticos contenidos en la ley, los reglamentos y las normas de la Contraloría General de la República.
Sin duda el ostentar el cargo de Gerente Administrativo de la CCSS lo ha utilizado para beneficio propio.   No obstante, los principios básicos de la ética en la función pública y también las reglas de la lógica, la razón y el sentido común nos indican que un alto jerarca de una institución pública esencial para el país, no puede favorecerse de su puesto para satisfacer situaciones privadas con recursos de la Institución que solo beneficia a los suyos. 
DERECHO:
 
Fundamento la presente denuncia en las disposiciones de la Ley contra la Corrupción  y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 8422 y su reglamento, así como en las directrices de la Contraloría General de la República emitidas mediante oficio N° D-2-2004-CO del 12 de noviembre del 2004.
PRETENSIÓN:
 
         Solicito se investiguen los hechos denunciados, a efectos de determinar si de los mismos se deriva alguna conducta sancionable, así como quiénes serían los eventuales autores de tal conducta ya que inclusive los miembros de la Junta Directiva de la Caja de ese entonces se prestaron para llevar a cabo dicha irregularidad.  Ello, por cuanto en la Institución es VOS POPULI la relación del señor Acuña con la señora Uriarte.
 
PRUEBA:
 
Adjunto los siguientes documentos de prueba:
 
1.   Documento del Tribunal Supremo de Elecciones donde consta que el señor Acuña Ulate es el progenitor de la uno de los hijos de la señora Uriarte Villegas
2.   Escritura realizada por el Notario Ronny García González del traspaso del bien
3.   Reportajes del Diario Extra donde se denuncia la irregularidad
         Notificaciones: Se recibirán notificaciones en dirección electrónica aprobada por la Corte Suprema de Justicia  [email protected]
 
ADJUNTO ARCHIVOS QUE COMPRUEBAN LO DICHO
 
 
San José, 05 de Setiembre del 2011
 
 
 
 
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 8340-4504
Correo electrónico: [email protected]
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Cobrador de la Caja at Ticoblogger
Un ciudadano preocupado por las grandes deudas de algunos políticos y/o empresarios ante nuestra seguridad social.
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Comentarios

  1. Roberto Mora Salazar dice:

    Bueno lo que le puedo decir señor Zamora es que don Mario Zamora el Ministro envió el documentos al señor Andrés Olsen Villegas, Director de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad, estoy en espera de alguna contestación. Lo pondré al tanto cuando me contesten.

    Saludos cordiales y muchas gracias por su palabras

  2. A Zamora dice:

    Don Roberto. Me parece muy valiente su posicion. Digame si algo ha pasado con este caso si se sabe algo… Si el sistema juridico, la prensa o sus denuncias publicas pueden mas que la impunidad. Estoy interesado mucho en saberlo. Saludes