Estimadas señoras y señores Diputados del Primer Poder de la República.
Sirva la presente para enviarles a todos y cada uno de Ustedes un cordial saludo.
Muy respetuosamente les sugiero analizar lo siguiente:
Según el Artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social reza:
“Artículo 74.- La Contraloría General de la República no aprobará ningún presupuesto, ordinario o extraordinario, ni efectuará modificaciones presupuestarias de las instituciones del sector público, incluso de las municipalidades, si no presentan una certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual conste que se encuentran al día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado. (…) (La negrita y el subrayado no forman parte del original)
Así las cosas estimados Congresistas, considero pertinente y, a la vez les solicito,  que para el 1 de Setiembre del año en curso que se presenta en Comisión de la Asamblea Legislativa el Presupuesto del Gobierno y sus Ministerios, -que para que al 30 de Noviembre debe de estar debidamente aprobado-, se solicite a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social una certificación de patrono al día de cada uno de los Ministerios y en su defecto, si su condición es de PATRONO MOROSO, de inmediato se desista de presupuestar el dinero correspondiente a ese Ministerio para el año que se avecina hasta tanto se ponga a derecho con nuestra Seguridad Social. 
Por alguna razón en este artículo se nombra la Contraloría General de la República como Institución que aprueba o desaprueba dichos presupuestos, siendo así, la Asamblea Legislativa la que en todo momento ha sido la encargada de dichas aprobaciones.
En la Gaceta N° 46 del 7 de Marzo del 2011, se publicó la REFORMA DEL TERCER PÁRRAFO Y DEL INCISO 3) DEL ARTÍCULO 74 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 74 BIS a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social.
“[…]Artículo 74 bis.-
Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, quienes hayan suscrito un arreglo de pago con la CCSS que garantice la recuperación íntegra de la totalidad de las cuotas obrero-patronales y demás montos adeudados, incluyendo intereses, y estén al día en su cumplimiento.  Lo anterior, siempre que ni el patrono moroso, ni el grupo de interés económico al que pertenezca, hayan incumplido ni este ni ningún otro arreglo de pago suscrito con la CCSS, durante los diez años anteriores a la respectiva contratación administrativa o gestión.”(La negrita y el subrayado no forman parte del original)Ahora bien, el artículo 74 bis recientemente reformado es claramente preciso, estarán a derecho con las deudas por concepto de cuotas obrero patronales, quienes hayan suscrito un arreglo de pago con la CCSS que garantice la recuperación íntegra de la totalidad de las cuotas obrero-patronales y demás montos adeudados, incluyendo intereses, y estén al día en su cumplimiento.
En este punto específicamente, si alguno de los Ministerios tal y como está sucediendo en este momento ha llegado a un arreglo de pago con la CCSS, TIENE que estar totalmente respaldado y por supuesto, este respaldo no puede ser con dinero de papel (BONOS) que al fin y al cabo, no tienen ningún valor hasta que se comercialicen.   Esta comercialización se llevará a cabo varios meses después y además no se sabe nunca con certeza cuál será su valor real.  En resumidas cuenta ese sistema de pago NUNCA GARANTIZARÁ LA RECUPERACIÓN INTEGRA DE LA TOTALIDAD DE LA DEUDA.
En cuanto al segundo párrafo de dicha Ley:
“Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado” (…)El señor Ministro de Hacienda tendrá obligatoriamente que acatar esta disposición porque de lo contrario se le aplicará el artículo 332 del Código Penal que reza:
“Incumplimiento de deberes
 
ARTÍCULO 332.- Será reprimido con veinte a sesenta días multa, el funcionario público que
ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de función”.
 
Comprendo la situación engorrosa en que se encuentran muchas altas autoridades del gobierno con relación a este gravísimo problema, sin embargo, o arreglamos y dejamos bien establecidas las reglas del juego en cuanto a los aportes que el gobierno de turno tiene que proporcionar a nuestra Seguridad Social,  o seguirá el problema y será de nunca acabar, por supuesto, hasta que nos arrebaten a nuestra emblemática y benemérita Institución.
Atentamente;
 
 
 
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 8340-4504
Correo electrónico: [email protected]
 
22 de Julio del 2011
 
http://ticoblogger.com/miembros/roberto/

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