Estimado señor Ministro de Justicia y Paz don Hernando Alberto París Rodríguez.
Sirva la presente para enviarle un saludo cordial.
Quisiera comentarle que en hora buena el Registro Nacional de la Propiedad empezó a aplicar el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.   El mismo indica que no se podrá tramitar ningún documento de personas tanto físicas como jurídicas que se encuentren en estado de morosidad ante dicha Institución.  Estos trámites se podrán llevar a cabo hasta que cualquiera de estas dos modalidades, en caso de que existiese morosidad se pongan a derecho con nuestra Seguridad Social.
Lo que resulta totalmente inconcebible e inaceptable, es que la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO,  cédula jurídica N° 3-007-506639, encargada del centro de información de los datos, no solo jurídicos sino también urbanísticos, fiscales o medio ambientales que afecten a las fincas, creando bases gráficas que permitan su correcta ubicación, se encuentre a la fecha con un adeudo con la CCSS de ₡1.032.099.947.00 siendo además, el segundo de la lista de PATRONOS MOROSOS de la CCSS con mayores montos adeudados.
Le comento, que me he dado a la tarea de hacer lobby con diferentes Diputados de la Asamblea Legislativa de las diferentes fracciones, para que a la hora de aprobar los presupuestos de los distintos ministerios se aplique la Ley y se solicite antes de llevarlo a cabo, una certificación de la CCSS donde indique el estado de la misma y en caso de que se encuentre en estado de morosidad no se presupueste dinero alguno hasta que se ponga a derecho con nuestra seguridad social.  Esto no es un deber, es una obligación.
De igual forma me he reunido con la señora Contralora General de la República doña Rocío Aguilar Montoya para que de igual forma se aplique la Ley con todas las Instituciones del sector público.
Artículo 74.- La Contraloría General de la República no aprobará ningún presupuesto, ordinario o extraordinario, ni efectuará modificaciones presupuestarias de las instituciones del sector público, incluso de las municipalidades, si no presentan una certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual conste que se encuentran al día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado. Esta certificación la extenderá la Caja dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, en papel común y libre de cargas fiscales, timbres e impuestos de cualquier clase. (…)Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31 de esta ley. 1.        La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 2.        En relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo documento en los registros públicos mercantil, de asociaciones, de asociaciones deportivas y el Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excepto los expedidos por autoridades judiciales. 3.        Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social. 4.        El otorgamiento del beneficio dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 5.        El disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el cual será determinado dentro de un debido proceso seguido al efecto. La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo (…)
(La negrita no forma parte del original)Por las razones antes descritas señor París, lo insto respetuosamente para que lleve a cabo los mecanismos necesarios para que su representada haga honor a la millonaria deuda con  nuestra querida Institución.
Atentamente;
 
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 8340-4504
Correo electrónico: [email protected]
18 de Mayo del 2011

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