Estimada señora Presidenta de la República doña Laura Chinchilla Miranda, mucho gusto de saludarla.
Con gran preocupación he venido escuchando y viendo en los diferentes noticieros de nuestro medio, los problemas que se han venido suscitando desde que se concesionó el tramo San José – Caldera Ruta 27.
Ahora bien, Usted el martes recién pasado indicó ante los medios tanto escritos como televisivos “ abrirá una investigación sobre la construcción y operación de una carretera concesionada a una empresa española, que comunica la capital con el puerto de Caldera, el principal del Pacífico”De la manera más respetuosa quisiera ponerla al tanto señor Presidenta de lo siguiente:
El 26 de junio del 2009, después de escuchar la intervención de la Ex Ministra de Transportes doña Karla González en el programa de Telenoticias donde doña Pilar Cisneros la entrevistó, la señora González entre otros indicó, que el problema que se estaba suscitando en ese momento con los estudiantes de primaria y Kinder de los centros educativos aledaños a la recién abierta carretera Orotina-Caldera se debía al “ incumplimiento de la empresa Supervisora del Proyecto, ya que, a pesar de que una de sus funciones era el preveer con tiempo suficiente el problema que se avecinaba en cuanto a los pasos a desnivel para peatones, esta nunca lo tomó en cuenta”.Ante dicha respuesta, que por cierto me dejó atónito, le envié nota a la señora Ministra, haciéndole ver que eso no era motivo para dejar de lado la responsabilidad del MOPT, y muchísimo menos del Consejo Nacional de Concesiones. “La empresa IMNSA Ingenieros Consultores, S.A. ha demostrado hasta más no poder, su incapacidad pero aún peor, se le contrató por $3.5 millones de dólares o sea ¢2.037 millones de colones para llevar a cabo dicha supervisión la cual ha sido un fracaso.
Según informe DFOE-OP-6-2009 del 31 de marzo del 2009 de la Contraloría General de la República, el cual específica explícitamente, el sin número de irregularidades en que ha incurrido la empresa IMNSA Ingenieros Consultores, S.A., razones por demás, para concluir dicha contratación.
Lo más preocupante de esta situación, es la realidad en materia de concesiones en el país, no se tiene conocimiento ni experiencia en esta materia; por lo que la Administración debería evaluar este asunto con mucha prudencia, ya que estamos hablando de montos sumamente altos para una empresa que no tiene capacidad alguna para cumplir con el contrato.   Estas adjudicaciones definitivamente, son las que le salen más onerosas al Estado.   Se debería contratar empresas extranjeras con capacidad económica, con personal idóneo, con equipo acorde para la obra y sobre todo con sobrada experiencia en la materia.Esta empresa IMNSA Ingenieros Consultores, S.A. es propiedad del señor Carlos Alberto Méndez Navas, cédula 1-268-419 primo del Ex Ministro del Mopt Ing Rodolfo Méndez Mata. 
Muchas de las licitaciones que obtuvo fueron a nombre de IMNSA, S.A. también de su propiedad la cual llegó a deberle a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales la suma de 17 millones de colones.  Por esta razón y por el incumplimiento en obras como la del Aeropuerto y el puerto de Caldera deciden cambiar de razón social o sea de IMNSA, S.A.  por IMNSA Ingenieros Consultores, S.A. con el fin de limpiar su mal historial ante la Administración Pública”
Como se puede observar doña Laura, el asunto es un tanto engorroso ya que se puede observar como dice nuestro pueblo, que existe COMPADRE HABLADO.
Ante estos acontecimientos el suscrito interpuso ante el Ministerio Público el 7 de Julio del 2009 denuncia contra la Ministra Karla González y el director del Consejo Nacional de Concesiones Guillermo Matamoros Carvajal (documento adjunto) ya que a pesar de que el informe DFOE-OP-6-2009 del 3l de marzo del 2009, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios de Obras Públicas y Transportes, de la Contraloría General de la República en sus conclusiones indica:
 
“CONCLUSIONES
El Estado costarricense dio en concesión la construcción y explotación de la carretera San José-Caldera a la empresa privada, sin embargo, mantiene su obligación de velar por la buena marcha de las actividades que son de su competencia, dado que lo que se cede al concesionario es la gestión o explotación sin perder la titularidad del servicio.
Es precisamente de esa obligación de donde derivan las facultades de supervisión previstas para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión, el cual estableció que la supervisión sería realizada por tres figuras: el Gerente de Proyecto, el Equipo de Supervisión (también conocido como la Supervisora) y el Órgano Fiscalizador.
Al analizar las funciones de estos tres órganos de control, se determinó que dicha función de supervisión presenta debilidades para ejercer un efectivo poder de control, caracterizada por funciones duplicadas entre esos órganos y por una Supervisora que no ha contribuido en forma idónea en asegurar el cumplimiento por parte del concesionario,  llegándose incluso a incurrir en gastos no previstos de asesoría jurídica externa para que ésta determinara las acciones jurídicas correspondientes de cara a los incumplimientos por parte de la Supervisora.
Las carencias mostradas por la Supervisora en la contratación de ciertos especialistas, ha limitado la fiscalización oportuna y adecuada del concesionario en aspectos de importancia como el ambiental, financiero y sobre el cumplimiento del plan de desvío de tránsito, fiscalización que se ve también afectada por limitaciones en temas tales como: procedimientos para realizar adecuadamente sus funciones de supervisión,  ausencia de un sistema que le permita generar y acceder ágilmente la información precisa y confiable sobre la ejecución del proyecto, así como por la falta de dos oficinas ofrecidas y de la totalidad de los vehículos requeridos.
Todo lo anterior también ha incidido en que la Administración desconozca efectivamente el grado de avance físico de la obra y si éste está acorde con lo programado, limitando de esta manera el ejercicio de su facultad para dirigir órdenes ejecutorias y prohibiciones al concesionario en forma oportuna y acorde  con lo planeado.
En relación con los temas analizados por la Supervisora, está determinó algunas anomalías de campo del Concesionario sobre el revenimiento del concreto y la construcción de obras sin contar con planos, sin embargo, la Administración no logró por limitaciones dentro del proceso de  supervisión ser  efectiva mediante la corrección oportuna de esas anomalías.
Si bien es cierto que el CNC,  reiteradamente advirtió a la Supervisora sobre sus incumplimientos y la necesidad de que cumpliera con lo establecido en la respectiva contratación, al 15 de diciembre de 2008, sólo cobró multas por presentación tardía de informes.
Así las cosas, a criterio de esta Contraloría General, los aspectos señalados a lo largo del presente informe han generado, de una u otra forma, un debilitamiento de la capacidad del Estado para velar por el correcto y oportuno cumplimiento del contrato de concesión de la carretera San José-Caldera. Situación que resulta relevante de cara a la cuantía de los recursos invertida dentro de este proyecto al 31 de diciembre de 2008, a saber, $68.745.448,00 y a las inversiones que restan por realizar.”
En primera instancia doña Laura, es sabido que nunca se le debió adjudicar el contrato a IMNSA INGENIEROS CONSULTORES, ya que era totalmente imposible que le pudiera hacer frente a un contrato de esta envergadura ya que carecía prácticamente de todas las especificaciones  del contrato para llevarlo a cabo, pero……se le adjudicó,  ¿Quiénes son los responsables?  Únicamente procedo a proporcionarle el nombre de cada uno de los miembros integrantes del CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES de ese entonces para que Usted proceda.
 
El Consejo Nacional de Concesiones era integrado por la Lic Karla Gonzáles Carvajal, Ministra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Director del Consejo Guillermo Matamoros Carvajal, el Lic Guillermo Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda, Roberto Gallardo Núñez, Ministro de Planificación y Política Económica y el Lic Francisco de Paula Gutiérrez, Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica
 
Espero señora Presidenta con esta nota se ilustre un poco del porqué se dan estas cosas en nuestra querida Costa Rica y que se cumpla a cabalidad su solicitud para que se abra una investigación con el fin de dar con los responsables.
 
ADJUNTO ARCHIVOS QUE COMPRUEBAN LO DICHO
 
Atentamente;
 
 
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 8340-4504
Correo electrónico: [email protected]
 
30 de Setiembre de 2010
 
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