MINISTERIO DE HACIENDAOFICIO N° 03337-2010-DHR
AL CONTESTAR POR FAVOR CONSIGNE ESTE NUMERO DE OFICIO

EXPEDIENTE N°
34733-2009-SI
Asunto:   SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN

La Defensoría de los Habitantes se encuentra en un proceso de análisis del
Recurso de Reconsideración interpuesto por el Ministerio de Hacienda
respecto a las recomendaciones emitidas en el informe final oficio Nº
07474-2009-DHR tramitado bajo el expediente del expediente Nº
34733-2009-SI y el cual tiene relación con la interpretación y aplicación
que la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Hacienda hace del
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro
Social.

La Defensoría recibió de la Junta Directiva de la CCSS el oficio Nº
47.608, en el cual se conoce el criterio jurídico DJ 6768-2009, mediante
el que se reitera la posición de que la declaración aduanera encaja dentro
de los supuestos fijados en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la
CCSS, por lo que existe el deber de la Dirección General de Aduanas de
verificar previo a la aceptación de la declaración aduanera la condición
de morosidad del solicitante.

En complemento a las gestiones realizadas, la Defensoría mediante el
oficio DH-482-09 fechado el 4 de agosto de 2009, planteó una consulta ante
la Procuraduría General de la República sobre dicho tema, la cual fue
contestada mediante el dictamen C-330-2009 y en el cual concluye entre
otras cosas lo siguiente:

“A) Los presupuestos establecidos en el numeral 74 de la Ley Constitutiva
de la Caja Costarricense de Seguro Social, no encuadran dentro del proceso
de nacionalización o exportación de mercancías, pues para importar o
exportar un producto no se requiere licencia, permiso, concesión o
autorización alguna por parte del Estado, al regir la libertad de comercio
y el principio de autodeterminación, sin perjuicio de las potestades de
control y fiscalización que puede ejercer Aduanas;
B) En el proceso de nacionalización o exportación de mercancías no existe
una relación de sujeción especial con el importador o el exportador,
puesto que ni siquiera existe una relación directa entre aquellos y la
Administración, sino que ésta se da con el agente aduanero. Por ello, no
puede condicionarse el proceso de importación y de exportación a estar al
día con las cuotas de la seguridad social, salvo en lo que se refiere al
auxiliar del comercio (agente aduanero);
C) Lo anterior no significa que las autoridades de aduanas puedan exonerar
el pago de las cuotas de la seguridad social al importador y al exportador
como señala la consultante, pues dicha obligación se mantiene para todo
patrono y persona que realice total o parcialmente actividades
independientes o no asalariadas. Sin embargo, es la Caja Costarricense de
Seguro Social, a través de las demás vías que le otorga el ordenamiento
jurídico, y como institución rectora en la materia, la que debe utilizar
todas las herramientas legales a su alcance para realizar el cobro;
D) Las instituciones públicas distintas a la Caja, actúan como
coadyuvantes en la labor tan importante que realiza dicha institución,
pero únicamente bajo los supuestos taxativos que contempla el artículo 74
de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. En los
demás supuestos, es la propia Caja la que tiene la obligación primordial
de evitar la morosidad con el pago de las cuotas de la seguridad social;
E) La Administración siempre deberá analizar si en otros regímenes
especiales de importación o exportación debe mediar el otorgamiento de una
autorización y si existe la relación de sujeción especial indicada, en
cuyo caso sí debe exigir el requisito de comentario”.

Como resultado de lo anterior, mediante el oficio Nº 00426-2010-DHR se
solicitó a los Miembros/as de la Junta Directiva de la CCSS analizar el
dictamen en cuestión y analizar las posibles acciones administrativas o
judiciales a tomar a partir de las valoraciones de fondo y las
conclusiones que formula la Procuraduría. Asimismo, se le planteó la
necesidad de conocer si el criterio que ha externado en los oficios
SJ-1887-2009, SJ-1400-2009 y DJ-6768-2009 se mantiene y, en caso de
sostener dicha posición, explicar las razones respectivas.

Sobre dicha gestión, la Junta Directiva de la CCSS mediante artículo 7 de
la sesión Nº 8416 del 21 de enero del año en curso, informa acordar a la
Defensoría que se procederá a solicitar un criterio a la Dirección
Jurídica; pese a lo anterior, a la fecha no se cuenta con el criterio
jurídico y no se ha contestado lo requerido por la Defensoría, por tal
motivo se le solicita rendir el informe por el fondo dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de esta comunicación.

Los informes y documentos relacionados podrán ser enviados al apartado
postal 686-1005 Bo. México, al fax número 2248-2371 o presentados en las
oficinas centrales de la Defensoría, situadas en Bo. México, 450 mtrs
Norte de Torre Mercedes Benz en el Paseo Colón.

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