TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESSan José, 30 de Abril de 2009

Licenciado

Alejandro Bermúdez Mora

Secretaría Tribunal Supremo

de Elecciones.

S.O

Estimado Licenciado:

Con mucho pesar le comunico que al día de hoy no he recibido respuesta de la nota enviada a usted con fecha 11 de agosto del 2008 con relación a la consulta de los partidos políticos  que se encuentran morosos por concepto de cuotas obrero patronales, con la Caja Costarricense de Seguro Social.

El artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja dice:

“Artículo 74.- La Contraloría General de la República no aprobará ningún presupuesto, ordinario o extraordinario, ni efectuará modificaciones presupuestarias de las instituciones del sector público, incluso de las municipalidades, si no presentan una certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual conste que se encuentran al día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado. Esta certificación la extenderá la Caja dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, en papel común y libre de cargas fiscales, timbres e impuestos de cualquier clase.

Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal.

Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31 de esta ley.

1. La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. En relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo documento en los registros públicos mercantil, de asociaciones, de asociaciones deportivas y el Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excepto los expedidos por autoridades judiciales.

3. Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social.

4. El otorgamiento del beneficio dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

5. El disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el cual será determinado dentro de un debido proceso seguido al efecto.

La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo; para ello, la Caja deberá suministrar mensualmente la información necesaria. El incumplimiento de esta obligación por parte de la Caja no impedirá ni entorpecerá el trámite respectivo. De igual forma, mediante convenios con cada una de esas instancias administrativas, la Caja Costarricense de Seguro Social podrá establecer bases de datos conjuntas y sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento del pago de las obligaciones con la seguridad social.”

(Adicionado a la presente ley por el numeral 5 de la Ley Nº 6914 del 28 de noviembre de  1983 y reformado por el artículo 85 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero de 2000).

De nuevo insisto con todo respeto, para que los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, deliberen con relación a este tema, ya que no debe de permitírseles a los PARTIDOS POLITICOS  que se encuentran morosos con nuestra Seguridad Social, LLEVAR A CABO NINGÚN TIPO DE TRÁMITE O PERMISO por parte del Tribunal Supremo de Elecciones hasta tanto se pongan a derecho.

CEDULA JURIDICA PARTIDO POLITICO MONTO ADEUDADO
3-110-098296 PARTIDO UNIDADAD SOCIAL CRISTIANA ¢97.654.460.00
3-110-301964 PARTIDO ACCION CIUDADANA ¢101.414.680.00
3-110-051854 PARTIDO LIBERACION NACIONAL ¢551.464.033.00
3-007-144309 PARTIDO FUERZA DEMOCRATICA ¢1.353.403.00
TOTAL ADEUDADOS ¢751.886.576.00

Como ciudadano amante de la paz, la democracia, y sobre todo, de la SEGURIDAD SOCIAL de nuestra querida Costa Rica, considero inaceptable, este tipo de acciones desestabilizadoras para con nuestra Seguridad Social.

Les ruego un pronunciamiento a esta petición a la mayor brevedad posible.

Adjunto documentos de la página Web de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde consta lo dicho,

Atentamente;

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-396-099

Cel: 8369-8156

Correo electrónico: [email protected]

30 de Abril de 2009

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