SEMANARIO UNIVERSIDADPublicación del Semanario Universidad de esta semana

31/8/05

País

CCSS sufre las consecuencias
Falta rigor con morosidad

LAURA MARTÍNEZ QUESADA
Directora

Toda clase de empresas están en mora con la seguridad social.

A pesar de que el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) obliga tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas, a presentar certificaciones de que están al día en el pago de cuotas patronales del seguro social, como condición indispensable para aprobar los presupuestos de las primeras, así como para que las segundas puedan seguir operando, el tema parece manejarse con gran laxitud.

Las deudas de instituciones públicas y empresas con la Caja ascendían a más ¢85 mil millones, en julio pasado, mientras en agosto de este año la cifra se ubica en ¢69 mil millones.

Las moras son responsabilidad de una amplia gama de actores: ministerios (en conjunto, ¢2.143.9 millones), empresas transnacionales, y compañías locales que -contra de lo que dice la ley- han seguido recibiendo concesiones por parte del Estado.

Así, por ejemplo, el 31 de mayo pasado, un grupo de diputadas y diputados pidió al presidente Abel Pacheco, “realizar una investigación sobre las concesiones otorgadas”, en el Golfo de Papagayo, “y las deudas ligadas al grupo empresarial”, representado por José León Schroeder Quesada, Ernesto Ruiz Gutiérrez y Mario Enrique Guardia Gutiérrez, quienes, en conjunto, adeudan a la CCSS más de ¢2.000 millones en cuotas patronales del seguro correspondiente a trabajadoras y trabajadores de compañías bananeras.

El presidente Pacheco, por su parte, respondió remitiendo la carta parlamentaria al Instituto Costarricense de Turismo y a la propia CCSS, para solicitar información al respecto.

La cosa se complica si se tiene en cuenta que en el proyecto turístico, representado por Guardia Gutiérrez, participa el grupo español Somersen, presidido por el excónsul honorario de Costa Rica en Sevilla, Bernardo Martín Moreno, de quien el diario La Nación señaló lazos de amistad con el Presidente. Adicionalmente, las diputadas y diputados firmantes de la solicitud señalan el vínculo de Ruiz Gutiérrez, otro directivo del Hotel Costa Blanca, en Papagayo, con “el Sr. Marco Vinicio Ruiz, tesorero de campaña del Dr. Óscar Arias Sánchez”, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional.

Otros ejemplos son empresas de transporte que como se sabe, operan gracias a concesiones públicas de las rutas.

La empresa Sociedad de Autotransportes de Cartago S. A. (SACSA), hizo noticia recientemente cuando se dio a conocer que perdió la concesión del servicio de bus entre San José y Paraíso, debido a que ” la empresa incumplió las normas de calidad establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).” (LN, 28/8/05)

Como se ve, esta sanción no se debió al hecho de que la compañía debiese ¢236 millones, en cuotas patronales, a la Caja.

Por su parte, la empresa Transnica S.A., fue multada, por segunda vez, en julio pasado, por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), por cobrar de más por un tiquete hacia Peñas Blancas, la ruta para la que está autorizada. También en este caso, esa sanción nada tuvo que ver con el hecho de que la empresa adeudase más de ¢19 millones en cuotas patronales a la CCSS. Esta empresa autobusera pertenece a Oscar Alfaro, extesorero del Partido Liberación Nacional durante la campaña de Rolando Araya.

En la lista de deudores figuran también las empresas Alconstra S. A. y Corporación Britania del Pacífico Negro S. A., en conjunto por más de ¢76 millones. Se trata de dos compañías que han sido concesionarias del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Consultado por UNIVERSIDAD, el presidente Ejecutivo de esa entidad pública, Pablo Cob, dijo haber pedido investigar si el vínculo con aquellas persiste, a pesar de que él había pedido indagar esta situación.

Son decenas las empresas morosas, algunas muy conocidas -así como sus dueños-, otras no. Tunatún Internacional salió a la luz pública por el cierre en el 2004 de una planta en Alajuela debido a que contaminaba el río Siquiares en Ciruelas. En esa oportunidad, el segundo Vicepresidente de la República, Luis Fishman, reconoció ser el presidente de esta atunera. También, en el 2005 el Tribunal Ambiental Administrativo denunció a la empresa por el supuesto incumplimiento a la norma de vertidos y al reglamento de uso de aguas residuales, en su planta ubicada en esa provincia.

Continúan en la lista de deudores Corporación AMSA (ex Botica Francesa) del empresario Ricardo Gerli, La Bilbaína y BILSA -del empresario Tomás Artiñano-, Corporación Agroindustrial Yucateca, de Luciano Beeche, Parques Costa Rica (Montesacro), de Ramón Aguilar Facio, Exportadora Pro-plast, de Lanzo Luconi -vocal de la Cámara de Industrias-,según indica sobre este último un comunicado de prensa del Partido Acción Ciudadana. Esa información detalla que esta empresa inició un arreglo de pago con la Caja para reducir la deuda con la entidad.

Se encuentran también en la lista de morosos con montos superiores a los ¢30 millones, AseroCR Acori S. A., de Calixto Chávez, y el grupo de colegios Santa Cecilia, de Heredia, -cuyo dueño es Pedro Sánchez Muñoz.

Dado el visible deterioro que afecta al sistema de seguridad social debido a falta de inversiones, y como se verá en las siguientes páginas, resulta urgente tomar medidas para que tanto el Estado como las empresas particulares, se tomen en serio el cumplimiento de este compromiso social. (Colaboró María Flórez Estrada)

Algunas empresas deudoras
Empresas Monto
Grupo de colegios Santa Cecilia ¢313    millones
Corporación Agroindustrial Yucatica ¢198.6 millones
Parques de Costa Rica S.A. (Montesacro) ¢176.9 millones
AseroCR Acori S. A ¢125.8 millones
La Bilbaína, BILSA y Espumas Bilsa S.A. ¢111.3 millones
Tunatún Internacional Costa Rica S.A. ¢  21    millones
Corporación AMSA (ex Botica Francesa) ¢  11.2  millones

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Patronos bajo sociedades anónimas difíciles de atrapar
CCSS dice estar “amarrada” para cobrar créditos

FERNANDO LÓPEZ G.
redactor
Diputados cuestionan labor de mandos medios y junta directiva de Caja, mientras estos coinciden en que se debe hacer una reforma a la legislación

El impago de las cuotas obrero-patronales tiene envuelta a la CCSS en un nudo difícil de deshacer, por lo que necesita apoyo para cambiar ciertas leyes.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) considera que ciertos portillos legales permiten que grandes empresarios rehúyan el cobro de las deudas que tienen con la entidad, mientras que algunos diputados cuestionan este argumento y aseguran que se debe obligar a una actuación más efectiva a la junta directiva.

No obstante, ambas partes coinciden en que es urgente que se reformen ciertas leyes para que no haya una permisividad que es vista como normal por parte de los empresarios y algunos deudores.

La traba principal es cuando se le va a cobrar a una compañía y mientras se hacen los trámites esta cambia de nombre y sociedad anónima, explicó Asdrúbal Alpízar, Jefe del Departamento de Cobros de la CCSS.

Él admite que solo las empresas bananeras deben casi ¢5.500 millones y para el 3 de agosto la cifra total de deudores asciende a ¢69.692 millones.

Con esta última cifra se podría construir un hospital como el de Alajuela que costó cerca de $40 millones (¢82.644 millones).

En la historia de la CCSS se registran como incobrables ¢41 millones.

METIDOS POR TODO LADO

Al cuestionarle a Alpízar si existe algún tráfico de influencias entre políticos y empresarios que permite esta especie de impunidad, enfatizó que “a los patronos no se les da ningún privilegio”.

Al preguntarle también por qué la Caja no cierra establecimientos o embarga bienes de personas físicas o jurídicas si está habilitada legalmente para hacerlo, aseguró que en Costa Rica “nadie va a la cárcel por deudas”.

Dijo que “tenemos que cobrarle a los patronos y así lo hacemos. No estamos dándole indulgencias a nadie”.

“Si usted hace una empresa yo no tengo una garantía para ejecutar. En el caso de las viviendas es diferente porque la casa queda como garantía”, dijo.

“Comenzamos el cierre de negocios de acuerdo con nuestras posibilidades y aplicamos más de 1.600 cláusulas desde que iniciamos un programa especial para tal efecto desde el 2003 hasta la fecha”.

También en los tres años anteriores utilizan un centro de llamadas para advertir a los deudores que tienen 60 días de atraso y así se evita el acumulamiento de deudas como se ha dado anteriormente.

Son miles quienes deben montos iguales o inferiores a ¢1 millón quienes constituyen el 80% de los morosos, mientras que el restante porcentaje se trata de grandes deudores.

LIMITACIONES PERJUDICIALES

Al preguntarle a Alpízar si tiene dificultades técnicas para cobrar, aseguró que “hace falta una inversión de recursos. A las leyes hay que hacerles modificaciones que nos faciliten cobrar con mayor efectividad. Se habla de personas deudoras, pero en realidad se trata de empresas de difícil cobro”.

“Si la ley nos dijera que el representante legal es solidariamente responsable de las deudas con la seguridad social, sería otra cosa”.

Ante esta situación, informó que plantearon ante la Gerencia Financiera de la Caja, así como la junta directiva de la Caja,                                                                                                              un proyecto de renovación de cobro.

“Podemos cobrar la cuota obrera por el delito de retención indebida que es solo el 40% de la deuda total. Muchas veces pagan la parte obrera pero la patronal no”, manifestó el funcionario.

Si se aprueba, esperan presentarlo ante el Poder Ejecutivo o Legislativo.

“Esto se arregla cuando los políticos quieran arreglarlo” aseguró al relatar el caso de la cancillería que debe ¢1.386 millones pero no se puede ejecutar ninguna cobranza ya que los bienes del Estado son inembargables.

¿QUÉ DICEN LOS POLÍTICOS?

La diputada Gloria Valerín (Partido Unidad Social Cristiana -PUSC-) aseguró que la legislación necesita reformarse para enviar a la cárcel a los deudores.

“Esa es una de las legislaciones más importantes que debería tramitar la Asamblea Legislativa. Pero como lo que importa es el programa de gobierno del candidato liberacionista a la República, Óscar Arias, lo único que se tramita es el paquete fiscal y luego vendrá el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos porque ese es su otro interés”, afirmó la legisladora.

El también socialcristiano, Ricardo Toledo, aseveró que “hay empresas que cambian el nombre social y siguen funcionando en la misma actividad productiva”.

“Ha faltado mano firme por parte de las autoridades de la Caja y su departamento legal. Hay políticos metidos. Ojalá que a esos jerarcas se les llamara a la Comisión de Gasto Público de este parlamento para que den explicaciones”.

Toledo aseguró que hizo un estudio con los morosos de la CCSS el cual envió a la presidencia de la entidad, pero aún no ha recibido respuesta.

INDEBIDA TOLERANCIA

El liberacionista José Miguel Corrales manifestó que “una de las cosas que más sorpresa me da es el incumplimiento de las autoridades de la Caja para hacer efectivo el pendiente de cobro”.

“¿Cómo se explica que varias empresas bananeras estén exportando si deben cuotas a la Caja?”, dijo.

“Si usted ve la listas de los morosos se encuentran personas influyentes de los partidos políticos y de funcionarios públicos que están inmersos en los atrasos. Entonces a los otros no los pasan a cobro”.

Añadió que “existen intereses políticos para que se privatice la salud. Son los neoliberales que están en el PLN, encabezados por Óscar Arias, quienes quieren vender a la CCSS y consideran una mercancía a la salubridad pública”.

Como desautorizada por la extrema permisividad que ha tenido desde hace décadas, lo cual la ha desautorizado para hacer cobros, califica el legislador Humberto Arce (Unión Patriótica) a la CCSS.

“El principal moroso es el Estado. Hay empresas constructoras y comerciales a las que se le dan licitaciones públicas aunque deban cuotas obrero-patronales”, dijo.

“En todo esto hay compadre hablado porque existe un sector importante de empresarios”.

A su criterio, la Contraloría General de la República es la primera llamada a investigar.

“El Ministro de Hacienda, Federico Carrillo y el presidente Abel Pacheco deberían tener una política dura de cobros”, dijo.

Rodrigo Alberto Carazo (Partido Acción Ciudadana) relató que hace dos meses una comitiva parlamentaria conversó con la directiva de la Caja para analizar este problema y se les dijo a los diputados que en 15 días se les comunicaría una propuesta de solución, la cual aún desconocen.

“Indudablemente debería mandarse a la cárcel a quienes incumplen sus deberes, incluso a la misma junta directiva de la Caja”, manifestó en coincidencia con la diputada Gloria Valerín.

“Los funcionarios de la Caja dicen que muchas de las personas que aparecen enlistadas han muerto o que ciertas compañías ya no existen. Para que no salgan otra vez con esa cantinela pedimos una lista de los cotizantes y aún la información no ha sido enviada”, recalcó.

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